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Las cuentas del presupuesto 2027 de Villanueva, bajo la lupa: veedor advierte vacíos y pide corregir el proyecto

El presupuesto que la Alcaldía de Villanueva proyecta para 2027 asciende a $87.153 millones, un aumento del 59,34 % frente a la vigencia anterior. Sin embargo, el veedor ciudadano Luis Alonso Colmenares advierte que hay ingresos sin suficiente soporte, diferencias entre documentos oficiales, obligaciones que requieren mayor explicación y disposiciones que, a su juicio, limitarían el control del Concejo sobre el gasto público. Solicit…

presupuesto de Villanueva 2027

Un presupuesto de $87.153 millones que abre un debate sobre el manejo de los recursos públicos

El proyecto de presupuesto de Villanueva para la vigencia 2027 llegó al Concejo Municipal con una cifra que llama la atención: $87.153.499.826. La propuesta representa un incremento del 59,34 % frente al presupuesto de 2026 y compromete una inversión proyectada de más de $82.048 millones.

Escuche la entrevista completa:

El debate está en la forma como se calcularon los ingresos, el respaldo de algunas partidas, la distribución de los recursos y las facultades que tendría la Administración Municipal para modificar el gasto durante su ejecución.

Esos son algunos de los puntos expuestos por el contador público y veedor ciudadano Luis Alonso Colmenares Rodríguez, quien presentó ante el Concejo un documento con observaciones técnicas y un cuestionario de 50 preguntas dirigido a la corporación y a la alcaldesa Cielomar Peñaloza de Lacouture.

Colmenares solicitó que el proyecto no sea aprobado en su forma actual y que la Alcaldía lo retire para corregirlo o presente las modificaciones necesarias antes del primer debate. Su planteamiento no se limita a cuestionar las cifras: también pone sobre la mesa la capacidad del Concejo para ejercer control sobre el presupuesto que ejecutará la actual administración durante su último año de gobierno.

El aumento del 59 % tiene una explicación que debe conocerse

Una de las primeras cifras que plantea el análisis es el crecimiento del presupuesto. Para 2027, la Administración proyecta ingresos por $87.153 millones, frente a los $54.697 millones contemplados para 2026.

Sin embargo, el incremento no proviene exclusivamente de una mayor expectativa de recaudo municipal. Una parte importante corresponde a $23.096 millones registrados como recursos de capital, asociados al Convenio 1473 de 2025 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, destinado al proyecto de optimización del sistema de acueducto en zonas urbanas.

Este componente representa aproximadamente el 26,5 % del presupuesto proyectado. Por eso, el veedor considera necesario que se conozca el convenio, su modalidad de ejecución y el cronograma de desembolsos.

La pregunta central es si los recursos ingresarán efectivamente a la tesorería municipal o si serán ejecutados directamente por el Ministerio, Findeter u otra entidad. También pide establecer si esos dineros ya fueron incorporados en presupuestos de vigencias anteriores y qué ocurriría con los compromisos de gasto si los desembolsos no se producen durante 2027.

La aclaración es relevante: si el dinero no ingresa al presupuesto municipal en la forma prevista, podría afectarse la financiación de una parte importante de la inversión proyectada.

Impuestos: la Alcaldía espera recaudar un 57 % más

Otro de los asuntos que concentra las observaciones es el crecimiento de los ingresos tributarios. El proyecto pasa de una proyección de $4.431 millones para 2026 a $6.956 millones para 2027, un aumento cercano al 57 %.

Colmenares cuestiona que ese crecimiento no esté acompañado, según su revisión, de una memoria de cálculo suficientemente detallada que permita conocer cómo se establecieron las metas de recaudo.

Entre los rubros que requieren explicación está el impuesto predial unificado, cuya proyección para 2027 es de $275 millones: $75 millones por predial urbano y $200 millones por predial rural.

El veedor considera necesario conocer qué acciones adelanta la Administración para actualizar la información catastral, ampliar la base de contribuyentes, recuperar cartera vencida y fortalecer el cobro. El propio Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoce la necesidad de mejorar el recaudo del predial y de industria y comercio.

En este último impuesto, el proyecto estima ingresos por $1.435 millones, distribuidos entre actividades comerciales, industriales y de servicios. La discusión está en conocer cuántos contribuyentes están registrados, cuánto se ha recaudado realmente y qué medidas respaldan la meta para el próximo año.

También se solicita el reporte actualizado de recaudo a 31 de octubre de 2026 para predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, estampillas y alumbrado público. Esa información permitiría comparar las proyecciones con el comportamiento real de los ingresos municipales.

Estampillas y contribuciones: ingresos que dependen de la contratación

Las observaciones también se concentran en los ingresos que dependen de la actividad contractual del municipio.

El proyecto contempla $2.572 millones por concepto de estampillas, $625 millones por la tasa Prodeporte y $1.250 millones por la contribución del 5 % sobre contratos de obra pública.

En conjunto, son recursos cuya generación está relacionada con la contratación y los pagos que se realicen durante la vigencia. Por eso, Colmenares pide que la Alcaldía explique sobre qué valor de contratos se hicieron las estimaciones y cuáles son las obras o actividades que respaldan esas proyecciones.

En el caso de la contribución del 5 %, los $1.250 millones proyectados supondrían una base aproximada de $25.000 millones en contratos de obra sujetos a ese gravamen. El Concejo necesita conocer cuáles contratos se tienen previstos y quién será la entidad contratante.

También se requiere verificar los acuerdos municipales que crearon o adoptaron las estampillas y la tasa Prodeporte, así como sus tarifas, bases de liquidación y destinaciones.

Otro punto señalado es la denominada Estampilla Justicia Familiar, proyectada en $625 millones. El veedor solicita que se identifique la norma que autoriza su creación, el acuerdo municipal que la adoptó y la destinación concreta de los recursos.

No se trata solamente de establecer cuánto espera recaudar el municipio, sino de demostrar que cada ingreso tiene sustento jurídico, una base de cálculo verificable y una destinación ajustada a la norma.

El control del Concejo sobre más de $82.000 millones de inversión

Uno de los cuestionamientos de mayor alcance se refiere al articulado del proyecto de acuerdo.

Según Colmenares, el artículo 2 presenta la aprobación del gasto en dos grandes cifras: funcionamiento e inversión. Además, señala que el artículo 27 califica como informativos los anexos que contienen el detalle de ingresos, gastos y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

A esto suma las facultades que los artículos 8, 20 y 26 concederían a la alcaldesa para realizar incorporaciones, adiciones y traslados presupuestales mediante decreto.

Para el veedor, esa redacción podría reducir la capacidad del Concejo para ejercer sus competencias sobre las modificaciones al presupuesto. Su preocupación cobra relevancia porque el municipio proyecta más de $82.048 millones en inversión para 2027.

En su documento también recuerda que el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha profirió, el 28 de mayo de 2026, una sentencia de primera instancia que anuló el Acuerdo 011 de 2025, relacionado con facultades otorgadas a la alcaldesa para modificar el presupuesto de 2026.

Colmenares considera que el nuevo proyecto vuelve a incluir disposiciones que deben revisarse a la luz de esa decisión judicial y de las competencias constitucionales del Concejo.

La discusión, por tanto, no es únicamente sobre cuánto dinero se va a gastar, sino sobre quién tiene la facultad de autorizar las modificaciones y qué mecanismos de control tendrá la corporación durante la ejecución presupuestal.

Sentencias, déficit y obligaciones pendientes

El análisis también pone atención sobre las obligaciones financieras y judiciales del municipio.

De acuerdo con las cifras citadas por el veedor a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Villanueva registra $1.573 millones en sentencias en firme. Sin embargo, el proyecto de presupuesto contempla $185 millones para sentencias y conciliaciones.

La diferencia llevó a Colmenares a solicitar una relación actualizada de las obligaciones ejecutoriadas y pendientes de pago, un cronograma para atenderlas y claridad sobre los recursos destinados a ese propósito.

Otro asunto que requiere explicación es el pasivo contingente. En el Marco Fiscal aparecen tres cifras distintas: $2.895 millones, $4.464 millones y $2.464 millones. El veedor pide establecer cuál es el valor correcto y cuántos procesos judiciales tiene actualmente el municipio.

También cuestiona que el proyecto contemple cerca de $51,9 millones para el pago del déficit, mientras el Marco Fiscal presenta resultados deficitarios en varias vigencias entre 2022 y 2025.

En este punto es necesario que la Administración entregue el cierre fiscal de 2025, la proyección de cierre de 2026, el valor de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que pasarían a la siguiente vigencia. Estas cifras permitirían establecer cuáles obligaciones están efectivamente pendientes y cómo se financiará su pago.

El Marco Fiscal anuncia un crédito de $10.000 millones que no aparece en el presupuesto

Otra diferencia que el veedor pide aclarar está relacionada con un posible nuevo crédito por $10.000 millones mencionado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Según su revisión, el documento proyecta esa operación de crédito y señala que la alcaldesa solicitaría autorización al Concejo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para 2027 no contempla desembolsos, intereses ni amortizaciones por ese concepto; el servicio de la deuda aparece en cero.

Colmenares considera indispensable que la Administración precise si realmente pretende contratar el empréstito, para qué proyectos se utilizarían los recursos, cuáles serían las condiciones de pago y qué administración asumiría las cuotas.

La inquietud tiene una dimensión adicional: si el crédito se contrata al cierre del actual periodo de gobierno, sus obligaciones podrían comprometer las finanzas de la administración que asumirá en 2028.

Las diferencias entre el proyecto y el Marco Fiscal

El veedor también identificó diferencias entre los valores de funcionamiento e inversión presentados en el proyecto de acuerdo y los que aparecen en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Mientras el proyecto registra aproximadamente $5.105 millones para funcionamiento y $82.048 millones para inversión, el Marco Fiscal presenta $5.131 millones y $82.022 millones, respectivamente.

Aunque las diferencias no modifican sustancialmente el total, deben ser conciliadas para que los documentos que respaldan la planeación financiera municipal presenten información consistente.

A esto se suman observaciones sobre el Plan Operativo Anual de Inversiones, cuyo encabezado hace referencia a la vigencia 2026 y contiene una columna identificada como “TOTAL 2024”. Colmenares también cuestiona que varios proyectos aparezcan con un código BPIN genérico y solicita verificar su registro en el Banco de Programas y Proyectos.

El documento de observaciones señala, además, que el anexo de gastos utiliza códigos y denominaciones que no corresponden al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales (CCPET), mientras el anexo de ingresos sí utiliza esa clasificación.

Recursos para niñez, gastos generales y destinaciones específicas

Entre los asuntos que también merecen explicación está la asignación de $70 millones al programa de desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias. Para el veedor, la cifra debe analizarse frente a las obligaciones de inversión social y las metas del Plan de Desarrollo.

Asimismo, solicita que se desagreguen los $1.469 millones registrados en gastos generales, actualmente presentados en una sola línea, y que se identifiquen los cargos de la planta de personal que serían financiados con recursos de inversión, por un valor cercano a $626 millones.

En materia ambiental, cuestiona la apropiación de $27,16 millones para la adquisición de predios de interés para acueductos y pide explicar su cálculo frente a las obligaciones establecidas en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. La base legal vigente de esa obligación debe precisarse con los ingresos corrientes de libre destinación y no confundirse con el total de ingresos corrientes.

También solicita conocer cómo se distribuirán los recursos de las estampillas Procultura y para el bienestar del adulto mayor, incluidas las destinaciones legales y las transferencias que correspondan.

2027: último año de gobierno y calendario electoral

El contexto en el que se ejecutará el presupuesto es otro elemento de preocupación.

El año 2027 será el último de la administración municipal 2024-2027 y estará marcado por las elecciones territoriales. Por eso, Colmenares pide que el Concejo examine con especial cuidado las facultades de modificación presupuestal, los proyectos de inversión, la contratación prevista y los compromisos que puedan trasladarse al siguiente gobierno.

El veedor advierte sobre las restricciones de la Ley de Garantías Electorales y las limitaciones para aprobar vigencias futuras durante el último año de gobierno, sin desconocer las excepciones previstas en la legislación.

Su solicitud es que el presupuesto no deje compromisos sin financiación ni obligaciones que terminen trasladándose a la administración 2028-2031 sin una explicación clara.

Las 50 preguntas que esperan respuesta

El documento presentado por Colmenares incluye 50 preguntas distribuidas en seis bloques: trámite y competencias del Concejo, articulado del proyecto, ingresos, gastos y límites de la Ley 617, obligaciones y déficit, y deuda y riesgos del último año de gobierno.

Entre la información solicitada se encuentran:

  • La copia completa del Convenio 1473 de 2025 y su cronograma de desembolsos.
  • La memoria de cálculo de los ingresos proyectados para 2027.
  • La ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 30 de septiembre de 2026, y el recaudo actualizado a 31 de octubre.
  • El cierre fiscal de 2025 y la proyección de cierre de 2026.
  • La relación de sentencias, conciliaciones y procesos judiciales.
  • Los acuerdos municipales que respaldan las estampillas y la tasa Prodeporte.
  • La explicación del crédito de $10.000 millones anunciado en el Marco Fiscal.
  • El soporte de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

El veedor solicitó que las respuestas sean entregadas antes del primer debate y que se le permita intervenir en la sesión de la comisión encargada de estudiar el presupuesto.

Un debate que exige respuestas y documentos

Es importante precisar que las observaciones de una veeduría no constituyen, por sí mismas, una declaración de ilegalidad ni demuestran que exista un detrimento de los recursos públicos. Son cuestionamientos que deben contrastarse con los documentos completos, las normas aplicables y las respuestas de las autoridades responsables.

La Administración Municipal tiene la oportunidad de explicar las proyecciones, aportar los soportes y corregir las inconsistencias que correspondan. El Concejo, por su parte, tiene la responsabilidad de estudiar el proyecto con rigor y garantizar que el presupuesto aprobado permita conocer, controlar y hacer seguimiento al destino de los recursos.

En juego están $87.153 millones y la planificación de las inversiones y obligaciones de Villanueva durante 2027. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se calcularon esos recursos, en qué se invertirán y qué garantías existen para que su ejecución responda a las necesidades del municipio.

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