La solicitud está relacionada con la indagación que busca establecer si el exgobernador de La Guajira tuvo responsabilidad en los hechos de seguridad que involucraron a funcionarios judiciales, tras el hallazgo de un proyectil en una oficina de la Procuraduría, en Bogotá.
La defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, solicitó el archivo de la indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para establecer su posible responsabilidad en las presuntas amenazas contra funcionarios judiciales que participaron en el proceso penal en su contra.
La petición aparece consignada en un documento presentado por el abogado Juan Felipe Criollo, en el que solicita que se ordene el archivo de las diligencias identificadas con el radicado 110016000027202600007, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004.
Según el argumento de la defensa, en el expediente no existirían motivos ni circunstancias fácticas que permitan atribuirle a su representado una conducta constitutiva del delito contemplado en el artículo 188E del Código Penal. Por esa razón, pide que se cierre la indagación respecto del exmandatario.
El abogado también solicita que se tenga por reiterada la disposición de Gómez Cerchar a rendir declaración juramentada y suministrar la información y los elementos que la autoridad considere pertinentes.
La indagación se originó en medio de las preocupaciones de seguridad surgidas después de que se conociera el hallazgo de un proyectil y daños en los ventanales del despacho del procurador delegado Pedro Luis Bonilla, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
El episodio se conoció a comienzos de septiembre de 2026 y adquirió especial relevancia porque el funcionario había intervenido en el proceso penal contra Gómez Cerchar. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y se generaron alertas sobre la seguridad de magistrados y servidores judiciales que participaron en ese expediente.
La coincidencia temporal con la condena contra el exgobernador dio lugar a señalamientos públicos sobre una eventual relación entre ambos asuntos. Sin embargo, las circunstancias del disparo y la posible responsabilidad de sus autores debían ser establecidas mediante la investigación de las autoridades.
La defensa de Gómez ha rechazado que su representado esté detrás de los hechos y ha cuestionado que se le atribuya responsabilidad sin pruebas que sustenten esa conclusión.
En septiembre, el abogado solicitó a la Fiscalía que escuchara al exgobernador en declaración juramentada y que practicara estudios balísticos para determinar el origen de los proyectiles, las características de la munición y la trayectoria de los disparos. Estas diligencias buscaban esclarecer lo ocurrido y establecer si existió un ataque dirigido contra la oficina del funcionario.
El antecedente judicial del exgobernador
El caso se desarrolla después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenara a Juan Francisco Gómez Cerchar en abril de 2026 por el homicidio del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta y mantuviera la condena por concierto para delinquir agravado.
La decisión impuso una pena de 380 meses de prisión, equivalente a 31 años y ocho meses. El fallo revocó parcialmente una decisión anterior del Tribunal Superior de Bogotá.
La intervención de funcionarios de la Procuraduría y de magistrados de la Corte Suprema en ese proceso explica por qué los posteriores hechos de seguridad generaron preocupación y fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales.
No obstante, la condena por esos delitos y la indagación relacionada con el proyectil hallado en la Procuraduría son asuntos jurídicos distintos. La eventual responsabilidad por los hechos de seguridad debe establecerse dentro de la investigación correspondiente.
La defensa pide que la Fiscalía ordene el archivo de la indagación respecto de Gómez Cerchar, al considerar que no existen elementos fácticos suficientes para atribuirle la conducta investigada.
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