La construcción del aeropuerto de la Alta Guajira, anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro como una apuesta para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de la región, continúa sin materializarse. Aunque se contrataron estudios y diseños, las dificultades para completar las actividades técnicas en el territorio retrasaron el proyecto y dejaron pendientes explicaciones sobre su ejecución contractual y presupuestal.
El tema volvió al debate público después de que el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, reclamara en su cuenta de X claridad sobre los recursos destinados a los estudios del aeropuerto y al proyecto de conducción de agua desde el río Ranchería. El mandatario pidió que se investigue lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Un contrato de $3.007 millones para los estudios
El 29 de mayo de 2024, la Aeronáutica Civil suscribió con la Universidad Nacional de Colombia el contrato interadministrativo 24000786H3 de 2024, por aproximadamente $3.007 millones, para elaborar los estudios y diseños del aeródromo de la Alta Guajira, en jurisdicción de Uribia.
El contrato contemplaba componentes técnicos relacionados con el diseño geométrico, la geología, la geotecnia, los pavimentos, la hidrología, las estructuras, el presupuesto, los aspectos ambientales y los componentes sociales y arqueológicos.
Estos trabajos eran necesarios para definir las características de la infraestructura y establecer las condiciones técnicas y económicas para avanzar hacia la construcción.
De acuerdo con los informes y antecedentes contractuales divulgados sobre el proyecto, la Universidad Nacional entregó varios productos técnicos. Sin embargo, parte de la información se elaboró con fuentes secundarias debido a las dificultades para ingresar al terreno y realizar levantamientos y pruebas de campo.
Por esta razón, la existencia de productos técnicos no significa que todos los estudios definitivos estuvieran terminados ni que la obra estuviera lista para comenzar.
Las dificultades de acceso al territorio suspendieron el contrato
Uno de los principales obstáculos fue la imposibilidad de completar oportunamente actividades de campo indispensables para los diseños, entre ellas los trabajos de topografía, geotecnia y arqueología.
La documentación conocida señala que cinco comunidades Wayuu condicionaron el ingreso de los equipos técnicos a la realización de pagos de armonización. Las solicitudes reportadas ascendían a $30 millones por comunidad, para un total de $150 millones.
El asunto fue trasladado al Ministerio del Interior, donde se discutieron alternativas para buscar una salida al desacuerdo. No obstante, según los antecedentes disponibles, no se alcanzó un acuerdo que permitiera normalizar las actividades.
El contrato fue suspendido el 28 de abril de 2025 y tuvo posteriores ampliaciones de la suspensión. La última actuación conocida en el expediente aportado corresponde a septiembre de ese año, sin que esa documentación permita establecer por sí sola si después hubo una reactivación, una nueva prórroga o una liquidación contractual.
La situación evidencia que el proyecto no dependía únicamente de la disponibilidad de recursos. También requería resolver las condiciones de acceso al territorio y completar la concertación necesaria para desarrollar los estudios.
¿Qué pasó con los recursos del aeropuerto?
La ejecución del contrato de estudios debe diferenciarse de la inversión total anunciada para construir el aeródromo.
Los aproximadamente $3.007 millones corresponden al contrato celebrado con la Universidad Nacional para los estudios y diseños. Por su parte, las cifras divulgadas para la infraestructura completa han variado según la etapa de estructuración.
Aerocivil llegó a anunciar una inversión cercana a los $542.000 millones, mientras que otros documentos de planeación manejaron estimaciones diferentes, sujetas a la definición técnica del proyecto.
También se reportó que la asignación presupuestal asociada al aeropuerto para 2025 pasó de aproximadamente $338.395 millones a $9.954 millones, una reducción cercana a $328.441 millones.
Este movimiento presupuestal requiere una explicación oficial detallada sobre las apropiaciones, los compromisos, los pagos y las modificaciones realizadas. La reducción de una asignación no demuestra por sí misma que los recursos hayan sido apropiados indebidamente, pues es necesario establecer su destino mediante los registros presupuestales y los actos administrativos correspondientes.
Hasta contar con esa trazabilidad, no es posible concluir que el dinero haya sido robado o que todo el valor inicialmente asignado se hubiera desembolsado.
El aeropuerto continúa en la planeación nacional
El proyecto no ha desaparecido de los planes oficiales. El Departamento Nacional de Planeación informó que el CONPES 4205, aprobado en julio de 2026, declaró de importancia estratégica un programa de modernización de 25 aeropuertos y aeródromos en 16 departamentos, con una inversión global de $6,54 billones para el período 2026-2035.
La estrategia incluye intervenciones en Uribia, en la Alta Guajira, dentro de una política orientada a mejorar la conectividad aérea de regiones apartadas. <a href=”https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/inversion-historica-modernizacion-aeroportuaria-colombia.aspx“>El anuncio oficial del DNP</a> confirma el alcance general del programa.
Sin embargo, la inclusión de un proyecto en un documento CONPES no significa que su construcción ya esté contratada o que tenga garantizada una fecha inmediata de inicio. Para determinar su situación actual es necesario verificar las apropiaciones específicas, el estado de los estudios, el cronograma de ejecución y los procesos de contratación correspondientes.
La Guajira necesita respuestas y resultados
El proyecto cuenta con antecedentes contractuales y productos técnicos, pero enfrentó dificultades para completar los estudios y no llegó a materializarse dentro de los plazos anunciados inicialmente.
La responsabilidad de aclarar lo ocurrido corresponde a las entidades nacionales involucradas, especialmente Aerocivil, el Ministerio de Transporte y las autoridades presupuestales competentes. Deben precisar el estado del contrato con la Universidad Nacional, los productos recibidos, los valores efectivamente pagados, el destino de las modificaciones presupuestales y el cronograma vigente para continuar el proyecto.
También será necesario establecer cómo se resolverán las dificultades de concertación con las comunidades del área de influencia, respetando sus derechos y garantizando condiciones que permitan desarrollar la infraestructura.
La construcción del aeropuerto podría contribuir a mejorar la conectividad, el turismo, el comercio y el acceso a servicios en la Alta Guajira. No obstante, esos beneficios dependerán de que la iniciativa avance desde la planeación hasta la contratación y ejecución de las obras.
Por ahora, la realidad es que el aeropuerto sigue sin construirse y que todavía se necesitan explicaciones documentadas sobre la ejecución de los estudios, los movimientos presupuestales y los pasos concretos para hacer realidad el proyecto.