Ante la situación de Venezuela, preparémonos.

Por: Rodrigo Daza Cárdenas

@RodrigoDazaC

Como lo he comentado en escenarios públicos hoy lo voy a plasmar como documento de opinión para emitir mi impresión sobre una situación de inminencia más no de urgencias frente a los acontecimientos políticos, sociales y humanitarios que se están sucediendo en la hermana república de Venezuela y su impacto en las condiciones de vida, bienes y servicios de La Guajira, sus municipios y sus habitantes.

Cuando se está tan ligado a una situación como la que viven actualmente los hermanos venezolanos, ya sea por territorialidad, por familiaridad o vecindad simplemente, es mandatorio revisar, actualizar y concretar todas las medidas y herramientas jurídicas, técnicas y personales que existen para poder prepararse y enfrentar lo que podría venirse dependiendo del tipo de desenlace que pueda tener la denominada Crisis de Venezuela, reconocida por la gran mayoría de los países del mundo.

Ya no somos ajenos los departamentos de fronteras con Venezuela de la situación, por su alto flujo de migrantes. Ya estamos en La Guajira y sus municipios viviendo en carne propia lo que genera un aumento poblacional como el que se ha dado y sobre todo por venir en las condiciones que llegan muchas de esas personas que requieren atención social (médica, de empleo, vivienda, reconocimiento social, servicios públicos, entre otras demandas) y por humanidad, porque así somos los guajiros, porque muchos son familiares, hay que garantizarles esa atención; también por acuerdos internacionales que obligan a los estados receptores de inmigrantes por circunstancias como las que está viviendo Venezuela, a darles cobijo, amparo y sostenerles su dignidad.

Todo esto, porque creemos que el cambio está próximo, según los analistas políticos internacionales, es una alerta temprana para hacer lo que no hemos hecho y para mejorar o fortalecer institucional y humanitariamente lo que se ha venido haciendo. Es cierto que ha habido proactividad por ejemplo en Migración Colombia, en la ONU y esfuerzo inconmensurable de nuestros municipios. Pero todo eso cuando obedece a reacción y no a protocolos o procedimientos, se hace más costoso, menos productivos y genera dificultades adicionales de organización, administración y ejecución de los recursos. Y en regiones tan escasa de recursos constantes para paliar o enfrentar estas situaciones, como la nuestra, son peores los gastos y los costos de la gestión. Por eso es que quiero completar ese llamado de alerta que ya deben tener los organismos regionales o locales para diseñar o actualizar y poner a punto el Plan de Contingencia, pero específicamente para enfrentar un fenómeno antropogénico como sería una diáspora o salida en tumultos de personas desde Venezuela y buscar asentarse en nuestros municipios. Cualquier situación de esta naturaleza puede desbordar rápidamente nuestra capacidad de respuesta, acabar con los escasos recursos, pero la responsabilidad de los seres humanos, primero, es dar apoyo, ayudar a buscar soluciones y estar de lado de las instituciones de manera espontánea y voluntaria para socorrer y mitigar los efectos de estas tragedias sociales. Sé que algunos municipios, en cumplimiento de la Ley han elaborado sus Planes de Emergencia, pero del documento a la acción hay un largo trecho, por eso es la invitación a que los revisen y ajusten a las respuestas sociales que se podrían requerir. No podemos y no pueden los municipios y los organismos de socorro y gestión quedarse esperando “a ver qué puede pasar”. No. Lo que debemos es prepararnos y estar listo para dar la respuesta inicial, la respuesta mediata y la respuesta a largo plazo a una situación de imbalance social, que nos puede llegar como avalancha. Lo duro de esto es que, si no nos preparamos convenientemente como instituciones, como gobierno y como comunidad, vamos a sufrir igual que los que obligadamente y por circunstancias ajenas a su voluntad han tenido que dejar familias y abandonar sus pueblos y territorios.

Por eso señor Gobernador, señores Alcaldes, funcionarios de los organismos de gestión del riesgo de desastres y miembros de los organismos de socorro y ayuda humanitaria, la Ley 1523 de 2012 tiene todos los criterios para la declaratoria de Calamidad Pública, si es pertinente.

Hay criterios fundamentales y una situación inminente que demanda una mesa técnica para analizar, tomar decisiones y actuar. Es de recordar que una Declaratoria de Calamidad Pública activa todos los protocolos que hacen viables el cumplimiento de responsabilidades del gobierno central, facilita el manejo transparente de las situaciones y de los recursos con herramientas jurídicas bien fundadas, permite la construcción del plan de acción que es el punto de partida para dar las respuestas que se requieren desde ya, y tener a la mano un documento técnico de gestión y soluciones.

Exhorto a las autoridades y demás responsables de esta preparación, para que, si no se ha avanzado, seamos consciente que es mejor estar listo para la emergencia así ésta no ocurra que tener la emergencia y no tener como responder. Esto lo digo parafraseando a una empresa de seguros que lo publica en la televisión.