La seguridad de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de funcionarios de la Procuraduría fue puesta bajo alerta luego de conocerse nuevos hechos que estarían relacionados con el proceso que terminó con la condena del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
Una delicada situación de seguridad fue advertida este miércoles 2 de septiembre al interior de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado José Joaquín Urbano Martínez, ponente de la decisión que condenó a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, pidió reforzar las medidas de protección para los integrantes de la Sala Penal y sus familias, ante hechos que considera podrían representar un riesgo.
La alerta fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano, en la que el magistrado solicitó que la situación fuera puesta en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional.
El episodio que encendió las alarmas ocurrió en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con la información conocida por EL TIEMPO, el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien intervino en el proceso contra Gómez Cerchar y solicitó ante la Corte que se revocara la decisión absolutoria, habría encontrado una bala en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría.
Pero la situación habría escalado posteriormente. Al regresar a su despacho, el funcionario encontró dos ventanas rotas y evidencias de dos impactos de fusil.
Estos hechos son particularmente sensibles porque Bonilla tuvo participación en el proceso judicial que terminó con la condena de ‘Kiko’ Gómez.
La condena que está en el centro de la alerta
El caso contra el exgobernador guajiro llegó a la Corte Suprema después de que el Tribunal Superior de Bogotá adoptara una decisión favorable a Gómez Cerchar en relación con varios de los cargos por homicidio.
El expediente fue revisado en casación por la Sala Penal de la Corte Suprema. El 29 de abril de 2026, el alto tribunal revocó la absolución y condenó a Gómez Cerchar por homicidio agravado, imponiéndole una pena de 31 años y ocho meses de prisión.
La decisión fue adoptada por unanimidad y tuvo como magistrado ponente a José Joaquín Urbano Martínez.
La sentencia modificó de manera sustancial la situación jurídica del exgobernador, quien ya enfrentaba una condena por concierto para delinquir.
Gómez Cerchar fue procesado por hechos relacionados con tres homicidios agravados y concierto para delinquir. La decisión de la Corte representó un nuevo capítulo judicial en uno de los procesos más relevantes relacionados con el antiguo poder político y criminal en La Guajira.
El abogado que representa a la esposa y a la hija de Juan Francisco Gómez Cerchar rechazó categóricamente cualquier relación del exgobernador de La Guajira con los hechos de seguridad denunciados por un magistrado de la Corte Suprema y pidió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables.
La controversia generada por la alerta de seguridad en la Corte Suprema de Justicia, tras la condena de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, sumó este miércoles una nueva reacción.
La defensa de la familia del exgobernador salió públicamente a rechazar los señalamientos difundidos en relación con los hechos denunciados en la oficina de un funcionario de la Procuraduría que participó en el proceso judicial contra Gómez Cerchar.
En un comunicado, el abogado que actúa como apoderado de la esposa y la hija del exgobernador aseguró que Juan Francisco Gómez Cerchar es completamente ajeno a los hechos y negó cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación con lo ocurrido.
La defensa sostuvo, además, que el exgobernador ni siquiera habría tenido conocimiento de los hechos que motivaron la alerta de seguridad.
“Rechazamos y repudiamos” los hechos
El abogado manifestó que tanto la familia como su representado rechazan y repudian categóricamente los acontecimientos denunciados, al considerar que se trata de conductas de extrema gravedad que afectan directamente a la institucionalidad.
La posición de la defensa busca marcar distancia frente a cualquier intento de relacionar al exgobernador con los disparos y daños registrados en la sede de la Procuraduría.
La reacción se conoce horas después de que el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema José Joaquín Urbano Martínez alertara sobre posibles riesgos para los integrantes de esa corporación y sus familias, así como para funcionarios de la Procuraduría que participaron en el proceso contra Gómez Cerchar.
¿Qué ocurrió en la Procuraduría?
De acuerdo con la información publicada por EL TIEMPO, el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, habría encontrado inicialmente una bala en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación.
Posteriormente, según esa misma información, fueron encontradas dos ventanas rotas y evidencias de dos disparos de fusil.
Bonilla intervino en el proceso de casación contra Gómez Cerchar y había solicitado ante la Corte que se modificara la decisión que inicialmente lo había favorecido.
Estos hechos llevaron al magistrado Urbano a solicitar que la situación fuera puesta en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que fueran reforzadas las medidas de seguridad para los integrantes de la Sala Penal.
La Corte Suprema confirmó que su presidente, Iván Mauricio Lenis, se comunicó con los responsables de seguridad del alto tribunal y con la Policía Nacional para adoptar las medidas correspondientes.
La defensa pide una investigación
Frente a los señalamientos, el abogado de la familia Gómez Cerchar pidió a las autoridades que adelanten una investigación “pronta, seria y exhaustiva”.
Según la defensa, solamente una investigación técnica permitirá establecer quiénes fueron los verdaderos responsables y determinar de manera objetiva si existe alguna relación con Gómez Cerchar.
El abogado también rechazó lo que calificó como una campaña de desprestigio y advirtió que la divulgación de acusaciones de esta naturaleza puede afectar no solamente el buen nombre del exgobernador, sino también la seguridad e integridad de su núcleo familiar.
Finalmente, solicitó a las autoridades disponer las medidas de seguridad y protección necesarias para todas las personas que puedan encontrarse en situación de riesgo como consecuencia de estos acontecimientos.
Una investigación que ahora tiene dos frentes
El caso plantea dos asuntos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.
El primero es determinar quién efectuó los disparos y cuál fue el propósito de estos actos.
El segundo es establecer si existe alguna conexión entre esos hechos y el proceso judicial que terminó con la condena de Gómez Cerchar.
Por ahora, no existe una atribución oficial que permita afirmar que ‘Kiko’ Gómez haya ordenado, participado o tenido conocimiento de los disparos denunciados.
Lo que sí está confirmado es que un magistrado de la Corte Suprema expresó preocupación por la seguridad de quienes participaron en el proceso y que la defensa de la familia del exgobernador negó categóricamente cualquier vínculo con los hechos.
La condena de la Corte Suprema
El contexto de esta controversia se encuentra en la decisión adoptada el 29 de abril de 2026, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó una absolución y condenó a Gómez Cerchar por homicidio agravado a 31 años y ocho meses de prisión.
La decisión fue adoptada por unanimidad y tuvo como ponente al magistrado José Joaquín Urbano Martínez.
Ahora, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos denunciados en la Procuraduría, la atención está puesta en determinar si existe realmente una relación entre estos acontecimientos y la condena contra el exgobernador.
La investigación será la que deberá establecer quién está detrás de los disparos, cuál fue su motivación y si existe o no alguna conexión con el proceso judicial contra Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
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