La entidad respondió a los cuestionamientos del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y afirmó que las licitaciones fueron estructuradas desde diciembre de 2025, cumplieron todas las etapas legales y hacen parte del CONPES 4161 para atender la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) rechazó las versiones según las cuales los contratos por cerca de 3,2 billones de pesos para obras de infraestructura vial en La Guajira habrían sido adjudicados de manera improvisada durante los últimos días del Gobierno saliente.
A través de un comunicado, la entidad aseguró que los procesos contractuales comenzaron en diciembre de 2025, fueron estructurados durante varios meses y cumplieron todas las etapas previstas en el Estatuto General de Contratación Pública, contemplado en la Ley 80 de 1993.
Según Invías, los proyectos hacen parte del CONPES 4161, política pública creada para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó al Estado implementar acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades wayuu en La Guajira.
El director general de la entidad, Juan Guillermo Jiménez, sostuvo que resulta equivocado afirmar que procesos de esta magnitud pudieron estructurarse y adjudicarse en pocos días.
"Estos procesos comenzaron hace varios meses, cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros y han cumplido cada una de las etapas previstas por la ley", afirmó el funcionario.
Más de 350 propuestas presentadas
Invías informó que las licitaciones para las obras recibieron 105 propuestas, con un promedio de diez oferentes por cada lote, mientras que los procesos de interventoría registraron 252 propuestas, equivalentes a un promedio de 42 proponentes por contrato.
De acuerdo con la entidad, estos niveles de participación reflejan pluralidad de oferentes y garantizan la transparencia, la libre competencia y la selección objetiva establecidas en la contratación pública.
El Plan Nacional de Desarrollo sigue vigente
El Instituto también recordó que el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" continúa vigente hasta que el Congreso apruebe uno nuevo, por lo que las entidades del Estado tienen la obligación de dar continuidad a las políticas públicas y a los proyectos estratégicos.
Como antecedente, señaló que la actual administración recibió alrededor de 15 billones de pesos en contratos adjudicados por el gobierno anterior y continuó su ejecución sin suspenderlos por el cambio de administración.
"El Estado colombiano no comienza ni termina cada cuatro años. Las instituciones tienen continuidad y las obras públicas responden a políticas de Estado, no a intereses políticos de cada administración", expresó Jiménez.
Obras para garantizar derechos de las comunidades wayuu
Invías insistió en que los proyectos tienen como propósito mejorar la conectividad de La Guajira y cumplir las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para proteger los derechos fundamentales de miles de familias wayuu.
En ese sentido, advirtió que suspender los contratos implicaría retrasar obras que han sido planeadas durante meses y que responden a una política pública de carácter nacional.
Finalmente, la entidad señaló que todos los expedientes contractuales son públicos y pueden ser consultados por cualquier ciudadano o autoridad competente, con el fin de verificar la trazabilidad de cada proceso desde su estructuración hasta la adjudicación.
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