El grupo de transición solicitó al Gobierno saliente abstenerse de firmar los contratos adjudicados mientras la nueva administración realiza una revisión técnica, jurídica y financiera. La ministra saliente de Transporte defendió la legalidad del proceso y aseguró que las obras responden a un mandato de la Corte Constitucional.
El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestó su preocupación por la adjudicación de diez contratos de obra y seis de interventoría para proyectos de vías terciarias en La Guajira, cuyo valor conjunto asciende a cerca de 3,2 billones de pesos.
Según el pronunciamiento, los procesos fueron adjudicados pocos días antes del cambio de Gobierno y comprometen recursos mediante vigencias futuras hasta el año 2035, situación que, a juicio del equipo de transición, limita la capacidad de decisión de la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.
El grupo de empalme cuestionó que una contratación de esta magnitud se adelante cuando está próximo el relevo presidencial y anunció que revisará la participación de algunas empresas en los consorcios adjudicatarios, la estructuración de los lotes y el nivel de competencia registrado durante la licitación.
De acuerdo con la información divulgada, siete de los contratos corresponden a obras en el municipio de Uribia, por un valor cercano a 2 billones de pesos, mientras que los tres restantes están destinados a proyectos en Riohacha, Maicao y Manaure por aproximadamente 1,1 billones de pesos. A estos se suman seis contratos de interventoría por cerca de 204.000 millones de pesos.
En ese contexto, el equipo de transición solicitó al Gobierno saliente abstenerse de suscribir los contratos adjudicados el pasado 27 de julio hasta que la nueva administración pueda realizar una evaluación independiente.
"No nos oponemos a construir vías terciarias; cuestionamos que decisiones billonarias se adopten cuando un Gobierno está haciendo maletas para dejar el poder", señaló el comunicado.
La ministra entrante, Elsa Noguera, respaldó esa posición y afirmó que las vías terciarias serán una prioridad del nuevo Gobierno, pero insistió en que cada uno de los procesos será revisado con "absoluto rigor técnico, jurídico y financiero".
Gobierno saliente defiende la contratación
Frente a los cuestionamientos, la ministra saliente de Transporte, María Fernanda "Mafe" Rojas, aseguró que los proyectos hacen parte de un proceso de planificación iniciado desde finales de 2025 y que la contratación se desarrolló mediante licitación pública con todas las garantías legales.
La funcionaria explicó que las obras cumplen con la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena ejecutar inversiones para superar la crisis humanitaria en La Guajira, y señaló que también responden a los compromisos adquiridos en la Mesa Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (MESSEP).
Rojas recordó además que el Gobierno del Cambio respetó las vigencias futuras y contratos heredados de la administración anterior para proyectos viales y sostuvo que toda la información sobre estos procesos fue incluida en los informes oficiales de empalme publicados por el Departamento Nacional de Planeación.
El equipo de empalme anunció que una vez inicie el nuevo Gobierno se realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de los contratos. Según indicó, las obras que demuestren viabilidad técnica, responsabilidad fiscal y beneficios para las comunidades continuarán su ejecución, mientras que, si se evidencian irregularidades, se adoptarán las medidas administrativas y legales correspondientes.
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