La inspección judicial realizada entre el 26 y el 28 de agosto permitió verificar en terreno las condiciones en que se garantizan derechos fundamentales de la población Wayuu. La Corte encontró problemas de calidad del agua, dificultades de acceso a los servicios de salud y deficiencias en programas de alimentación.
La Corte Constitucional recorrió durante tre
s días diferentes comunidades de La Guajira para verificar el cumplimiento de las órdenes establecidas en la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual se declaró la vulneración de derechos fundamentales de la población infantil Wayuu.
La inspección judicial fue adelantada en el marco del Auto 1017 de 2026 por la Sala Especial de Seguimiento a dicha sentencia, con el propósito de comprobar directamente las condiciones relacionadas con los derechos al agua potable, la salud y la alimentación.
Durante el recorrido, los equipos de la Corte visitaron comunidades de Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure, escucharon a las autoridades tradicionales y recogieron evidencias sobre las condiciones en que viven las comunidades Wayuu.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención se produjo en el corregimiento de Jojoncito, municipio de Uribia, donde la Corte constató que la comunidad utiliza para consumo humano un reservorio de agua de escorrentía superficial que presentaba signos evidentes de contaminación.
Según el reporte de la Corte, en el agua se observaron posibles rastros de heces fecales provenientes de animales de corral y presencia de microalgas, situación que le daba una coloración verdosa.
Para establecer las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua, fueron tomadas muestras en los sitios visitados, las cuales fueron trasladadas a un laboratorio para su análisis.
La diligencia también incluyó visitas al Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, así como a los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia.
Problemas de acceso a la salud
En materia de salud, las comunidades informaron a la Corte que, aunque en algunos territorios existen equipos extramurales e interculturales, persisten dificultades en el seguimiento de los casos detectados.
Las autoridades tradicionales señalaron particularmente la ausencia de actividad por parte de algunas EPS encargadas del seguimiento de los tratamientos, lo que dificultaría el control adecuado de los casos de niñas y niños Wayuu.
Otro de los problemas identificados está relacionado con el desplazamiento hacia los centros asistenciales.
Las comunidades explicaron que las malas condiciones de las vías, especialmente durante la temporada de lluvias, dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud y atención de urgencias.
A esto se suma la falta de centros de salud cercanos. La Corte fue informada de que en algunos territorios existen instalaciones construidas, pero estas no se encuentran funcionando.
Alimentación: comunidades advierten dificultades con el PAE
La alimentación fue el tercer componente revisado durante la inspección.
La comisión observó los lugares donde se almacenan y preparan los alimentos y también recorrió, junto con integrantes de las comunidades, los trayectos que deben realizar para conseguir agua destinada a la preparación de sus alimentos.
Entre los programas analizados estuvieron el Modelo de Atención Integral (MAI) del ICBF y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo con las comunidades, existen dificultades relacionadas con la cantidad y suficiencia de los alimentos, además de problemas para caracterizar y movilizar a los niños y niñas hacia las instituciones educativas.
Durante la diligencia, la administración municipal de Uribia manifestó además que, debido a dificultades de sostenibilidad financiera, la continuidad del PAE estaba asegurada únicamente hasta octubre.
La Corte evaluará los compromisos del Gobierno
Durante la inspección en materia de agua estuvo presente la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, quien acompañó a la comisión y presentó propuestas de solución frente a las situaciones encontradas.
Los compromisos y propuestas formulados durante las jornadas quedaron registrados en audio y video y harán parte del material probatorio que será analizado por la Sala Especial de Seguimiento.
La Corte señaló que los resultados de la inspección, incluidos los análisis de laboratorio de las muestras de agua y la documentación recopilada, serán incorporados al informe mediante el cual se determinará el grado de cumplimiento de las órdenes relacionadas con el derecho al agua.
El análisis podría además dar lugar a las actuaciones que correspondan frente a las entidades responsables, de acuerdo con las situaciones que sean confirmadas.
La inspección contó con el acompañamiento de autoridades tradicionales y comunidades Wayuu, así como de un traductor e intérprete de wayuunaiki, con el objetivo de garantizar que los testimonios fueran recogidos directamente de las comunidades.
También participaron entidades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas la Gobernación de La Guajira, las alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, varios ministerios, el ICBF, DANE, Registraduría, ESEPGUA y empresas municipales de agua.
La inspección representa un nuevo capítulo en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que desde hace años puso bajo la lupa de la justicia constitucional la situación de los niños y niñas Wayuu.
Ahora, la evidencia recogida directamente en los territorios —incluidos los resultados de las muestras de agua— será determinante para establecer qué tanto han avanzado las entidades responsables en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte.
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