La deuda pública volvió a ocupar un lugar central en el debate económico del país. Algunos sectores advierten sobre un supuesto incremento desbordado del endeudamiento durante el actual gobierno, allegados sostienen que las cifras demuestran una estabilización e incluso una leve reducción de la relación entre la deuda y el tamaño de la economía.
Pero ¿qué dicen realmente los datos?
La deuda no comenzó con el actual gobierno
La deuda del Gobierno Nacional Central ha venido creciendo desde hace más de una década. Entre 2012 y 2019 pasó de representar cerca del 33 % del Producto Interno Bruto (PIB) a aproximadamente el 48 %, impulsada por la caída de los precios del petróleo, menores ingresos fiscales y mayores necesidades de financiamiento.
La situación cambió drásticamente en 2020 con la pandemia de COVID-19. El Estado tuvo que incrementar el gasto para atender la emergencia sanitaria, apoyar a los hogares y sostener la economía, lo que llevó la deuda a cerca del 60,7 % del PIB, el nivel más alto registrado en la historia reciente.
Los compromisos heredados
Buena parte de las obligaciones adquiridas durante la pandemia comenzaron a pagarse en los años siguientes.
Entre ellas estuvo el crédito contratado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos desembolsos fueron obtenidos durante 2020 y cuyo cronograma de pago se extendió principalmente entre 2024 y 2025.
Algo similar ocurrió con el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado para evitar aumentos abruptos en los precios de la gasolina y el ACPM. Ese déficit se convirtió en una obligación fiscal que el Estado ha venido cubriendo de manera gradual en los últimos años.
Uno de los conceptos que más confusión genera es el de la refinanciación de la deuda.
En términos financieros, refinanciar consiste en reemplazar obligaciones existentes por otras con mejores condiciones de plazo, tasas de interés o perfil de vencimientos. No implica necesariamente que el Estado esté adquiriendo nueva deuda para aumentar su gasto.
De hecho, los ministerios de Hacienda utilizan de manera permanente herramientas como canjes de deuda, recompras de títulos, sustituciones y emisiones para administrar los pasivos públicos y reducir riesgos financieros.
Se trata de prácticas habituales en la administración de la deuda soberana de la mayoría de los países.
Las cifras oficiales muestran que la relación deuda/PIB ha permanecido relativamente estable durante los últimos años y es inferior al máximo alcanzado durante la pandemia.
Sin embargo, los analistas recuerdan que una reducción de ese indicador no depende únicamente del pago de obligaciones. También influyen factores como el crecimiento económico, la inflación, la tasa de cambio y el comportamiento de los ingresos del Estado.
Por ello, una disminución del porcentaje de deuda frente al PIB no significa necesariamente que el monto total de la deuda haya disminuido en términos nominales.
El verdadero debate
Especialistas en finanzas públicas coinciden en que la discusión no debería centrarse exclusivamente en si el Gobierno refinancia o no sus obligaciones, pues esa es una práctica normal en la administración de la deuda pública.
Las preguntas de fondo son otras:
- ¿Cómo reducirá Colombia su déficit fiscal?
- ¿Qué estrategia permitirá disminuir gradualmente la relación deuda/PIB?
- ¿Cómo garantizará el país la confianza de los inversionistas y de las calificadoras de riesgo?
- ¿Qué medidas permitirán mantener el acceso al financiamiento internacional en condiciones favorables?
Responder estos interrogantes será determinante para la estabilidad económica del país en los próximos años.
Un debate que exige contexto
Presentar la evolución de la deuda pública únicamente desde una perspectiva política puede conducir a interpretaciones incompletas. Las cifras muestran que el endeudamiento colombiano es el resultado de decisiones acumuladas durante varios gobiernos, del impacto extraordinario de la pandemia y de las condiciones económicas nacionales e internacionales.
Además de las diferencias políticas, el reto continúa siendo fortalecer las finanzas públicas, garantizar la sostenibilidad fiscal y asegurar que el crecimiento económico permita reducir el peso de la deuda sin comprometer la inversión social y el desarrollo del país.
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