Una cámara oculta reveló el momento en que exfuncionarios de la UNGRD ofrecieron 13.000 millones de pesos para comprar el silencio de testigos clave. El trasfondo: contratos por 97.000 millones de pesos destinados a llevar agua potable a La Guajira, que terminaron en corrupción.
En un elegante hotel en Bogotá no se hablaba de salvar vidas. Se negociaba el silencio. El video revelado por Noticias Caracol muestra a dos protagonistas del saqueo a la UNGRD ofreciendo 13.000 millones de pesos para callar bocas, borrar huellas, y enterrar la verdad.
Mientras tanto, en La Guajira, más de 450.000 personas, incluyendo 120.000 niños, siguen sufriendo sed y enfermedades por falta de acceso a agua potable. La UNGRD, con la misión de atender emergencias, firmó contratos por más de 97.000 millones de pesos, supuestamente para solucionar esta tragedia humanitaria.
Pero esos recursos no llegaron donde debían. Se diluyeron en obras fantasmas:
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40 carrotanques por 46.800 millones de pesos, con sobrecostos millonarios. La mayoría ni siquiera cumplía con las especificaciones técnicas para operar en la Alta Guajira.
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Plantas desalinizadoras, que nunca se instalaron o llegaron dañadas.
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Pozos profundos, que jamás se perforaron.
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Capacitación a comunidades, que solo existió en papeles.
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Sistemas solares para bombeo de agua, inexistentes o incompletos.
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Interventorías pagadas por decenas de millones, pero que nunca vigilaron nada.
Todo esto fue ejecutado bajo la figura de contratación directa “por emergencia”, sin licitación, sin planeación, y sin control.
El soborno del video es solo la punta del iceberg. La corrupción en la UNGRD no fue improvisada. Fue estructurada, planificada, sistemática. Un sistema donde el dinero público fue repartido entre altos funcionarios, contratistas amigos y políticos influyentes.
Testimonios en poder de la Fiscalía confirman que se pagaron sobornos por 4.000 millones de pesos a congresistas para asegurar apoyo a reformas. El propio exsubdirector Sneyder Pinilla, ya condenado, confesó haber entregado 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle. Todo con conocimiento de consejeros presidenciales y otros altos cargos.
El agua que debió llegar a los niños wayuu fue robada. No simbólicamente. Literalmente. El dinero que pudo perforar pozos, llevar tanques, instalar bombas y salvar vidas, terminó financiando sobornos, campañas políticas, y lujos de burócratas sin alma.
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