La empresa minera Cerrejón emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones contenidas en un informe reciente de la Relatoría Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, liderada por Francesca Albanese. La compañía defendió la legalidad de sus operaciones y negó cualquier vínculo con violaciones al derecho internacional.
¿Qué dice el informe de la ONU?
Durante la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la relatora Francesca Albanese presentó un informe en el que denuncia el rol de unas 60 empresas internacionales en lo que describió como una “economía del genocidio” en Palestina.
El documento señala que sectores como la energía, la construcción y el comercio internacional, particularmente el carbón, contribuyen a sostener el régimen de ocupación israelí sobre Gaza y Cisjordania. En ese contexto, Albanese menciona de manera directa a las compañías Drummond y Glencore, ambas con presencia en Colombia, por su participación en la cadena de suministro que beneficia a Israel.
Aunque Cerrejón no es mencionada de forma explícita en el informe, la empresa decidió pronunciarse ante la repercusión mediática que ha tenido el documento.
La respuesta de Cerrejón
A través de un comunicado oficial, Cerrejón aseguró que sus operaciones son respetuosas de la legislación colombiana, incluyendo el decreto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre exportaciones a Israel.
“Rechazamos categóricamente todas las acusaciones contenidas en el informe de la Relatoría de la ONU sobre Palestina, las cuales consideramos infundadas y sin sustento legal”, declaró la compañía.
Cerrejón informó que el último envío a Israel, ocurrió el 3 de agosto de 2024, antes de la expedición del decreto del gobierno nacional el 14 de agosto de 2024 y que entró en vigencia el 20 de agosto del mismo año. También defendió su política laboral, asegurando que ofrece empleo digno, formal y con estándares rigurosos de prevención y atención en salud ocupacional. Asimismo, reafirmó su disposición a participar en los procesos de inspección liderados por las autoridades colombianas.
Finalmente, la empresa lamentó los “juicios de valor y acusaciones sesgadas” que, en su opinión, afectan la reputación de sus trabajadores y el papel de la minería en el desarrollo económico de La Guajira y del país.
Un debate que va más allá
Aunque el informe de Albanese está centrado en Palestina, su contenido abre una discusión sobre el papel de empresas del sector extractivo en conflictos internacionales. En el caso colombiano, este informe se suma a una serie de observaciones previas de otros relatores de la ONU que han cuestionado los impactos ambientales, sociales y culturales de la minería del carbón en territorios como La Guajira.
Por ejemplo, en 2020, el relator especial sobre medio ambiente, David Boyd, pidió suspender actividades de Cerrejón en el Tajo Patilla por presuntos efectos nocivos en comunidades indígenas Wayúu, incluyendo problemas respiratorios y contaminación del aire.
إرسال تعليق
Gracias por su comentario