La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ampliar el plazo de consulta pública sobre el proyecto de resolución que modificaría la Resolución 161 de 2024, relacionada con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios del sur de La Guajira.
Esta petición busca que la ciudadanía tenga más tiempo —15 días hábiles adicionales— para analizar el contenido técnico y jurídico del documento, como garantía de transparencia, participación y acceso a la información pública.
La resolución en cuestión se basa en una actualización cartográfica del IGAC y establece nuevas delimitaciones y usos del suelo en municipios como La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. Estas áreas están destinadas a la protección de suelos agrícolas estratégicos que aseguran el derecho humano a la alimentación, y son consideradas determinantes del ordenamiento territorial según la Ley 2294 de 2023.
La resolución del Ministerio de Agricultura es de suma importancia porque al declarar este territorio como Área Protegida para la producción de Alimentos (APPA), reafirma la vocación agrícola y pecuaria que tiene el sur de La Guajira, pone freno a las pretensiones de explotación minera y compromete recursos del Estado para la inversión y el desarrollo rural.
En otras palabras, la APPA es una significativa conquista de las campesinas y los campesinos y si se entiende bien, una gran oportunidad para las alcaldías de estos ocho municipios de sur del departamento.
No obstante, la Procuraduría advirtió que el proyecto no aclara si la nueva cartografía sustituye los anexos vigentes ni incluye información clara sobre los usos del suelo permitidos y restringidos.
También cuestionó la omisión de entidades responsables del manejo de sistemas de información y la falta de precisión sobre qué artículos de la resolución anterior se mantienen sin cambios.
El órgano de control insistió en que el plazo de consulta no debe reducirse sin justificación válida, y pidió asegurar el acceso de la ciudadanía a los estudios técnicos y normativos que sustentan la propuesta.
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