Del total de 320 víctimas de
homicidio en el país, según las cifras de la Fundación Heinrich Böll desde el
25 de noviembre de 2016 tras la firma del Acuerdo Final y hasta el 30 de junio
de 2018, 31 asesinatos corresponden a defensores de derechos territoriales en
la región Caribe: 19 campesinos, cinco (5) indígenas y un (1) afrodescendiente.
Cuatro (4) casos corresponden a mujeres.
En el primer semestre de 2018
fueron asesinados 113 defensores de derechos humanos en Colombia, de los cuales
17 fueron en la región Caribe, donde cinco (5) eran defensores de derechos
territoriales (una mujer, un indígena y un afrodescendiente).
Sobre la presunta autoría de los
homicidios, de acuerdo con la información disponible: cinco se atribuyen al
grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), uno a otro grupo
paramilitar y uno a la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo del
Ejército. Se desconoce la autoría de 24 casos.
La Defensoría del Pueblo había
advertido acerca de la “especial condición de riesgo” que las acciones
del grupo paramilitar AUG ha generado en Córdoba para los líderes indígenas y
sociales, en particular para los miembros de la Asociación Campesina para el
Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), la Asociación de Campesinos del Sur de
Córdoba (Ascsucor) y la población indígena de los resguardos Embera Katío del
Alto Sinú, Quebrada Cañaveral y Zenú del Alto San Jorge.
Entre los defensores asesinados se
encontraban reclamantes de restitución de tierras, miembros de Juntas de Acción
Comunal (JAC) y de asociaciones de productores, líderes y autoridades
tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes;
algunos de estos eran delgados en las Mesas de Participación Efectiva de las
Víctimas o impulsaban la implementación a nivel local del Acuerdo Final, en
materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Los patrones de los crímenes en
el Caribe
Sobre las agresiones contra los
defensores de derechos territoriales cometidas en la Costa Caribe se pueden
describir algunos patrones:
a. Las amenazas de muerte
generalmente van dirigidas a personas cuyos nombres forman parte de un listado
de miembros de organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos y de
oposición política.
b. Las víctimas de homicidio
promovían reclamaciones de derechos territoriales tales como la constitución de
resguardos indígenas, la titulación colectiva a comunidades afrodescendientes y
la adjudicación de tierra a los campesinos en aplicación de la Reforma Rural
Integral (RRI).
c. Los líderes y defensores
asesinados habían denunciado la inoperancia de las entidades estatales
responsables del reconocimiento y protección de los derechos territoriales.
d. Las víctimas habían sido objeto
de señalamientos públicos por parte de funcionarios estatales o dirigentes
políticos, con el propósito de deslegitimar su labor y las reclamaciones de sus
comunidades y organizaciones.
e. Las víctimas de homicidio
lideraban iniciativas de resistencia comunitaria a la vulneración del derecho a
la tierra, al territorio, al agua y al disfrute de un medio ambiente sano.
Estas iniciativas de resistencia comunitaria generalmente son opuestas a
proyectos privados nacionales o extranjeros de las ramas agroindustrial,
minera, petrolera y de infraestructura física.
f. Algunas víctimas de homicidio
impulsaban procesos de restitución de tierras en comunidades campesinas
despojadas y demandas de reparación colectiva, al igual que actividades en
escenarios de participación de las víctimas.
g. Algunas víctimas promocionaban
la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos
de uso ilícito (PNIS). El nivel de riesgo más elevado existe en los lugares
donde los grupos paramilitares se proponen la apropiación territorial para
manejar dichos cultivos y procesamiento o para facilitar el transporte y
tráfico de estupefacientes.
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