Una investigación publicada por La Silla Vacía puso bajo la lupa dos contratos por aproximadamente $150 mil millones destinados a la instalación de paneles solares en La Guajira, adjudicados por la Empresa Distribuidora del Pacífico, Dispac, durante la ejecución de recursos asignados por el Ministerio de Minas y Energía.
De acuerdo con la investigación, empresas relacionadas con el ingeniero Ottomar Lascarro Torres, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como Centros Poblados, aparecen vinculadas a dos de los lotes contratados para instalar soluciones energéticas solares en los municipios de Albania y Maicao.
El proyecto contempla la instalación de 10.644 soluciones solares, con un presupuesto global de $322 mil millones asignado a Dispac. La empresa estatal dividió la ejecución en cuatro lotes y realizó convocatorias públicas en febrero de 2026.
Según La Silla Vacía, compañías vinculadas al entorno empresarial de Lascarro participan en los lotes 1 y 3, cada uno por cerca de $75 mil millones. En el primero aparece el Consorcio Soluciones Integrales 2026, integrado, entre otras empresas, por Edetel y MTS Construcciones. En el tercero participa el Consorcio Albania Solar 2026, del que hace parte BCH Engineering.
La investigación señala que estas compañías modificaron sus objetos sociales poco antes o durante el proceso de contratación para incorporar actividades relacionadas con la instalación de paneles solares y que algunas habrían utilizado experiencia empresarial de compañías relacionadas con Lascarro para cumplir requisitos de los procesos.
Uno de los aspectos señalados por la publicación tiene que ver con los anticipos. En junio fueron autorizados $25 mil millones para cada uno de estos dos lotes, equivalentes al 40 % del valor contratado. La investigación sostiene que parte de esos recursos fue destinada a empresas vinculadas a otros socios de los consorcios.
También existen cuestionamientos por el avance de las obras. Según los datos citados por La Silla Vacía, al 9 de julio en el Lote 1 se habían instalado 50 de las 265 soluciones previstas para ese periodo, mientras que en el Lote 3 se habían entregado 50 de las 259 programadas.
Los contratistas han atribuido los retrasos a dificultades logísticas para importar equipos, problemas de circulación por las carreteras de La Guajira y situaciones de orden público. El plazo inicialmente establecido fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026.
La investigación también menciona a MCI Américas, empresa que habría recibido buena parte del anticipo correspondiente al Lote 1 y que tiene como propietaria a Sheila Molina, cuñada de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta. La congresista manifestó que realizó gestiones ante el Gobierno Petro para conseguir la inversión destinada al proyecto.
El caso adquiere especial relevancia por los antecedentes judiciales de Ottomar Lascarro. El pasado 13 de junio fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por su participación en el caso Centros Poblados, proceso en el que la Fiscalía estableció que aproximadamente 300 mil dólares del anticipo de ese contrato fueron girados a Lascarro sin que hubiera ejecutado obras.
La sentencia todavía debe ser revisada en segunda instancia.
La Silla Vacía señala además que el Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía para investigar el destino de un anticipo de $2.600 millones relacionado con un contrato vial en Pelaya, Cesar, asunto por el que Lascarro había sido citado por la Corte Suprema de Justicia.
La investigación periodística advierte que varias de las empresas que aparecen actualmente en los contratos de paneles solares tienen antecedentes de relaciones comerciales o societarias con personas y compañías vinculadas a Lascarro.
Por ahora, el punto central para La Guajira es determinar si los contratos avanzarán dentro de los nuevos plazos y si las 10.644 soluciones solares previstas llegarán efectivamente a las comunidades beneficiarias.
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