En un hallazgo alarmante, la Contraloría General de la República reveló que más de $8.448 millones destinados a agua potable y saneamiento básico fueron mal utilizados en Uribia durante 2024. Esta cifra convierte a este municipio guajiro en el de mayor ejecución irregular del país en el uso de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP-APSB).
La investigación, que abarca el periodo 2020-2024, detectó en todo el país 122 hallazgos fiscales por mal manejo de recursos de agua potable, sumando un daño patrimonial total de $94.579 millones. Sin embargo, el caso de Uribia destaca por su gravedad: en un municipio donde persiste una crisis humanitaria por falta de acceso al agua potable y donde continúan reportándose muertes de niños por desnutrición y deshidratación, el desvío de fondos destinados a garantizar este servicio esencial resulta particularmente indignante.
Recursos desviados mientras persiste la emergencia humanitaria
Los auditores encontraron que los recursos, que legalmente deben ser usados exclusivamente para garantizar el acceso a agua segura y servicios de saneamiento, fueron destinados en Uribia a actividades no permitidas por la ley, como compra de gasolina, mantenimiento de maquinaria y obras viales. Estas prácticas constituyen un incumplimiento de la Ley 1176 de 2007 y obstaculizan gravemente la solución de problemas vitales para la población.
La situación es aún más crítica si se considera que Uribia encabeza las estadísticas nacionales de mortalidad infantil asociada a enfermedades por consumo de agua no potable y desnutrición severa. En lugar de atender estas urgencias, las autoridades locales desviaron fondos que podrían haber significado la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de niños y niñas wayúu.
Fallas generalizadas en todo el país, pero Uribia en el centro de la crisis
A nivel nacional, además de los hallazgos fiscales, se identificaron 25 casos con presunta incidencia penal relacionados con destinación indebida de recursos de agua potable. Los auditores también señalaron problemas como subsidios mal asignados, fallas en la planeación de proyectos, ausencia de estudios técnicos, e inoperancia de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
En municipios como Tibú (Norte de Santander) y San Andrés Islas, las irregularidades causaron daños superiores a $14.000 millones, pero Uribia sobresale no solo por el monto comprometido, sino por las consecuencias directas que la falta de agua tiene sobre la vida de su población más vulnerable.
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