Corte condena a dos exgobernadores de La Guajira por vicios en contratos

 

Álvaro Cuello Blanchar y Hernando David Deluque Freyle enfrentarán cuatro años de prisión

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de La Guajira Álvaro Cuello Blanchar y Hernando David Deluque Freyle por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a favor de terceros por irregularidades en la tramitación, celebración, ejecución y liquidación de un contrato de obra que se firmó en el 2000.

El contrato se celebró por 3.806 millones de pesos durante el mandato de Cuello sin los requisitos legales y se liquidó en el mandato de Deluque quien, antes de eso, firmó dos contratos adicionales: uno para el “restablecimiento del equilibrio económico” y el otro para liquidar el contrato sin requisitos legales.

Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, la Sala encontró responsables a Cuello y Deluque únicamente por el delito de contrato, son cumplimiento de requisitos legales y les impuso a cada uno una pena de cuatro años de prisión y los absolvió del delito de peculado por el que habían sido acusados.

Además, la Sala les dio la casa por cárcel y determinó que si la sentencia queda en firme, ya que es apelable ante la Sala Penal de la Corte Suprema, se libre orden de captura en contra de los exmandatarios.

Alvaro Cuello Blanchar actuó de manera personal durante el trámite y celebración del contrato 238, pues emitió directamente la mayoría de los actos administrativos

Según la sentencia de 168 página, señala que el proceso tuvo varias irregularidades en la fase de planeación que “tuvo varias suspensiones, modificaciones y prórrogas que demuestran que, al abrir la convocatoria, no estaban elaborados los estudios previos exigidos por la ley”.

La decisión indica que no se contaba con los análisis completos para hacer la obra, que se tuvo que declarar desierta una licitación y luego se hizo el contrato, pero de manera directa, violando el “principio de planeación, el cual, a la postre, terminó afectando toda la fase de ejecución del contrato”.

“De todo esto, se resalta que el aforado tuvo una participación directa a lo largo del trámite y, por supuesto, al momento de la celebración (…) Álvaro Cuello Blanchar actuó de manera personal durante el trámite y celebración del contrato 238, pues emitió directamente la mayoría de los actos administrativos promulgados en el transcurso del proceso y, asimismo, firmó personalmente el convenio. Su intervención no fue delegada - salvo en ocasiones muy puntuales - por lo que él tuvo siempre el control del trámite licitatorio y estuvo al tanto de todo lo que acontecía con el mismo”, dice la decisión.

El fallo además dice que hay pruebas de que Cuello “conocía la ley y, voluntariamente, decidió desobedecerla. En ese sentido, no hay razones para justificar un error de tipo ni existe mérito suficiente para acreditar que su actuación estaba amparada por la confianza legítima, como lo expresó el abogado en sus alegatos”.

Álvaro Cuello Blanchar “conocía la ley y, voluntariamente, decidió desobedecerla".

Ahora bien, sobre el peculado, al Corte dijo que, si bien el contrato comprometió vigencias futuras, debe tenerse en cuenta que, para la efectiva erogación de estas, el contratista debía informar a la entidad territorial del avance de las obras. Y que, para el momento de esos pagos, el procesado ya había abandonado el puesto de Gobernador y no tenía la capacidad efectiva de autorizar el desembolso de esas sumas.

Además, señaló que lo cancelado como anticipo se extrajo de las arcas del Estado pero con un destino claro, pues, este dinero fue amortizado en la construcción de las obras y, una vez suprimida la plaza de mercado de Maicao, el contratista tuvo que utilizar los recursos entregados por esa razón para la realización de los demás proyectos.

El caso del exgobernador Hernando Deluque

No se entiende cómo autorizó la liquidación del convenio sin percatarse de que, efectivamente, el objeto había sido cumplido a cabalidad.

 

En el caso de Deluque, la Corte dijo que este se dio cuenta de que había problemas en los contratos en cuanto al presupuesto, para lo cual hizo modificaciones que no cumplieron requisitos de ley, y dos de las obras no se terminaron y aun así el mandatario “procedió a liquidar y pagar el contrato, con lo cual incurrió en el ilícito enrostrado”.

“Y es que si, para aumentarle la cuantía al contrato, el exgobernador se basó en la necesidad de poner en funcionamiento las obras, no se entiende cómo autorizó la liquidación del convenio sin percatarse de que, efectivamente, el objeto había sido cumplido a cabalidad. En este punto era esperable que Hernando David Deluque verificara que todas las obras contratadas habían sido terminadas a satisfacción, lo cual, como ya se constató, no sucedió, pues dos de estas fueron entregadas en un estado inservible”, dice la decisión.

Y sobre el peculado en el caso de Deluque, la Corte dijo que hay documentos de prueba que se contradicen sobre si hubo o no apoderamiento ilícito de los recursos, que impiden corroborar o determinar con total seguridad que la acción delictiva realmente ocurrió y por eso lo absolvió, por duda razonable, por ese delito.