Un vehemente llamado hizo la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez a los mandatarios locales del país, para que se comprometan con la reactivación económica, y mantengan activo el aparato productivo. La consigna –señaló- es cuidar el empleo, a la par con la salud de los colombianos. Así lo expresó en el Foro Colombia 2021, de la Revista Semana, en el que dio detalles de los avances y retos de la recuperación de la economía nacional.
“Sin el liderazgo, sin el apoyo y la iniciativa de los mandatarios locales, la reactivación económica no será una realidad. El Gobierno Nacional trabaja todo lo que está a su alcance -el Presidente, los ministros-, pero esto necesita mucho liderazgo de los mandatarios locales. Este es un momento en el que no nos podemos cansar; la salud de los colombianos debe ir de la mano con la estabilidad económica, la búsqueda del empleo de los colombianos es una prioridad”, dijo.
Sostuvo, que si bien, el cierre del 2020 fue positivo, ya que se lograron recuperar 5 millones de empleos, y se logró bajar la tasa de desocupación al 13,4%, el panorama de inicios del 2021, no es el mejor. “A comienzos de enero nos hemos encontrado con una sombría realidad: algunas de las principales ciudades volvieron a imponer restricciones estrictas a la movilidad, cierres de fin de semana, toques de queda, que toman por sorpresa a empresarios y ciudadanos. Según Fedesarrollo, estas medidas le costarán al país, hasta $12,5 billones, más de 1 punto del PIB, con la potencial pérdida de 146 mil empleos. Sólo las restricciones de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca estarían generando más del 75% de este costo. Tantos ires y venires, en algunas de nuestras alcaldías, generan en la ciudadanía incertidumbre y afectan la confianza”, sostuvo.
Por tanto, la alta funcionaria invitó a alcaldes y gobernadores a impulsar la reactivación y la repotenciación económica, buscando más articulación con el sector privado, e inversiones que generen empleo. “Los mandatarios locales deben hacer lo propio, explorar qué posibilidades adicionales tienen, qué espacio fiscal, para que piensen en su capacidad de endeudamiento y la aprovechen. Que puedan conseguir recursos para adelantar proyectos de alto impacto, realizables y medibles, y lo más importante, que generen empleos según la capacidad fiscal y de endeudamiento. De acuerdo con la Contraloría, al 2019, sólo dos ciudades capitales habrían registrado endeudamiento en el exterior: Bogotá y Medellín”, manifestó.
En esta misma línea, afirmó que “hoy no podemos perder el tiempo y debemos hacer más y mejores esfuerzos desde el nivel local y municipal por esta reactivación segura: Agilizar licencias de construcción privada, los planes parciales, las renovaciones urbanas, que han estado tan frenadas. Impulsar la infraestructura vial, terminar los trámites ante el gobierno nacional, para puentes intermunicipales, en el caso de Bogotá con Soacha; obras de urbanismo táctico, intervenciones rápidas: parques, vías peatonales, para generar empleo y tener impacto en las ciudades”.
Desde el Gobierno Nacional –puntualizó- se está haciendo un trabajo macro, en el que son claves los 22 Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo, suscritos con 86 gremios de la producción y 59 entidades del Estado para aumentar la producción, las exportaciones y los empleos. “Queremos lograr, no sólo la reactivación económica en los 18 meses que nos quedan del gobierno, sino también la repotenciación de todo nuestro aparato productivo con énfasis en la sostenibilidad y la digitalización, tal como lo tienen previsto Corea, Japón, Alemania, la Unión Europea, y aparentemente también va a ser el eje de la recuperación de Estados Unidos”.
Agregó que la meta es lograr, en convergencia con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una tasa de crecimiento estable alrededor del 6%, una tasa de desempleo entre 8% y 6%, eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza monetaria al 18%, como máximo.
Finalmente, resaltó que se está adelantando un programa piloto para la reactivación segura del sector informal, en aras de garantizar el sustento del 48,6% de las familias que hacen parte de este sector. “Reactivación tiene que significar la obligación de trabajar para incluir a esta población informal. Eso sí, siendo muy claros con los requisitos de capacitación, registro, y en que, por ningún motivo, la informalidad puede significar contrabando. Tenemos que lograr una economía incluyente, porque es la única manera de conjurar cualquier riesgo en materia social y cualquier riesgo para la democracia de Colombia”, concluyó.
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