Panorama de seguridad de líderes sociales en el Caribe



Del total de 320 víctimas de homicidio en el país, según las cifras de la Fundación Heinrich Böll desde el 25 de noviembre de 2016 tras la firma del Acuerdo Final y hasta el 30 de junio de 2018, 31 asesinatos corresponden a defensores de derechos territoriales en la región Caribe: 19 campesinos, cinco (5) indígenas y un (1) afrodescendiente. Cuatro (4) casos corresponden a mujeres.  

En el primer semestre de 2018 fueron asesinados 113 defensores de derechos humanos en Colombia, de los cuales 17 fueron en la región Caribe, donde cinco (5) eran defensores de derechos territoriales (una mujer, un indígena y un afrodescendiente).

Sobre la presunta autoría de los homicidios, de acuerdo con la información disponible: cinco se atribuyen al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), uno a otro grupo paramilitar y uno a la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo del Ejército. Se desconoce la autoría de 24 casos.

La Defensoría del Pueblo había advertido acerca de la “especial condición de riesgo” que las acciones del grupo paramilitar AUG ha generado en Córdoba para los líderes indígenas y sociales, en particular para los miembros de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) y la población indígena de los resguardos Embera Katío del Alto Sinú, Quebrada Cañaveral y Zenú del Alto San Jorge.

Entre los defensores asesinados se encontraban reclamantes de restitución de tierras, miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) y de asociaciones de productores, líderes y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; algunos de estos eran delgados en las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas o impulsaban la implementación a nivel local del Acuerdo Final, en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. 

Los patrones de los crímenes en el Caribe

Sobre las agresiones contra los defensores de derechos territoriales cometidas en la Costa Caribe se pueden describir algunos patrones:

a. Las amenazas de muerte generalmente van dirigidas a personas cuyos nombres forman parte de un listado de miembros de organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos y de oposición política.

b. Las víctimas de homicidio promovían reclamaciones de derechos territoriales tales como la constitución de resguardos indígenas, la titulación colectiva a comunidades afrodescendientes y la adjudicación de tierra a los campesinos en aplicación de la Reforma Rural Integral (RRI).

c. Los líderes y defensores asesinados habían denunciado la inoperancia de las entidades estatales responsables del reconocimiento y protección de los derechos territoriales.

d. Las víctimas habían sido objeto de señalamientos públicos por parte de funcionarios estatales o dirigentes políticos, con el propósito de deslegitimar su labor y las reclamaciones de sus comunidades y organizaciones.

e. Las víctimas de homicidio lideraban iniciativas de resistencia comunitaria a la vulneración del derecho a la tierra, al territorio, al agua y al disfrute de un medio ambiente sano. Estas iniciativas de resistencia comunitaria generalmente son opuestas a proyectos privados nacionales o extranjeros de las ramas agroindustrial, minera, petrolera y de infraestructura física.

f. Algunas víctimas de homicidio impulsaban procesos de restitución de tierras en comunidades campesinas despojadas y demandas de reparación colectiva, al igual que actividades en escenarios de participación de las víctimas. 

g. Algunas víctimas promocionaban la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). El nivel de riesgo más elevado existe en los lugares donde los grupos paramilitares se proponen la apropiación territorial para manejar dichos cultivos y procesamiento o para facilitar el transporte y tráfico de estupefacientes.

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