Por
errores en la construcción, instalación, mantenimiento y calibración de
básculas camioneras, la Superintendencia de Puertos y Transporte abrió
investigación a 17 concesiones
viales del país (una concesión participa con dos básculas).
Luego de un estudio en el que se inspeccionaron las
20 básculas más transitadas del país (son 103 en total), por donde se
moviliza –aproximadamente– el 65 por ciento de la carga a nivel
nacional, se concluyó que 18 presentan problemas técnicos
y estarían pesando de forma inexacta la carga vehicular.
“De las 20 básculas revisadas, 18 no están
cumpliendo. Estamos investigando para establecer la responsabilidad de
los concesionarios viales; también se les exigió entregar en los
próximos 8 días un plan de mejoramiento que garantice la
prestación del servicio en condiciones óptimas de funcionamiento, con
el fin de velar por el correcto pesaje de todos los vehículos de carga
que transitan por la red vial nacional, para evitar posibles sobrepesos
que pongan en riesgo la seguridad vial y deterioren
la infraestructura”, advirtió el superintendente Javier Jaramillo.
Funcionarios de la Supertransporte, junto con
técnicos del Instituto Nacional de Metrología, encontraron que algunas
básculas no están ajustadas a los criterios metrológicos de instalación y
ubicación establecidos en las normas, por lo
que se identificaron básculas con construcciones atípicas, como rampas,
plataformas en superficies inclinadas y reductores de velocidad a
distancias muy cortas de las plataformas de pesaje.
También se evidenció falta de capacitación de
operarios de los equipos, deficiencias en el mantenimiento y problemas
en la señalización (deficiente o inadecuada).
Las básculas que tuvieron mayores hallazgos
técnicos son las de Gambote (Bolívar), Río Charte (Casanare), La
Española (Quindío) y Albán (C/marca), donde se pueden encontrar desfases
hasta de 3 toneladas por encima del peso registrado en el
tiquete. Las dos básculas que pasaron la revisión fueron Lizama 2, en
Barrancabermeja, y Río Bogotá, en Funza (vía Facatativá).
Adelantado el correspondiente proceso
administrativo, los concesionarios viales investigados por la entidad se
exponen a sanciones hasta de $547 millones.
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