Los sectores afectados con mayor incidencia son Agua potable y
Saneamiento Básico, seguido del sector de Educación.
La Contraloría General de la República, practicó auditorías en este
segundo semestre a los recursos de regalías en el departamento de la Guajira,
donde se encontraron dos presuntos hallazgos fiscales por un valor de
$ 14.723 millones de pesos, por el uso de los recursos de regalías en forma
inapropiada.
Entre los dos hallazgos con presunta incidencia fiscal que se
encontraron en el proceso, la ciudad de Riohacha presenta un presunto hallazgo
fiscal en el sector de Agua Potable y Saneamiento por un valor de $10.858
millones de pesos, siendo este el segundo sector con mayor
incidencia fiscal, al incumplir con la construcción y puesta en marcha del
Sistema Integral de Acueducto y Abastecimiento de agua potable en el
corregimiento de camarones Riohacha, la obra física fue ejecutada en diez
meses con un 99% y el porcentajes de ejecución financiero fue de 89%. Tuvo
tres suspensiones debido a la sanción realizada por el consorcio COPNIA
(Consejo Profesional Nacional de Ingeniería), ya que no cuentan con las
licencias, y/o permisos ambientales de explotación de aguas subterráneas y de
vertimiento de aguas residuales, requisito indispensable para la presentación y
aprobación de los proyectos ante los OCAD.
La gobernación de la Guajira presenta otro presunto hallazgo fiscal por
un valor de $ 3.865 millones de pesos encontrados en el sector de Educación, el
octavo sector con presunto incidencia fiscal en la Contraloría General de la
República, cuyo objeto es realizar una iinterventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los
proyectos de apoyo a las estrategias de acceso y permanencia de la cobertura
educativa, a través de los programas de alimentación y transporte escolar, y al
fortalecimiento de la calidad educativa en zona rural de los municipios no
certificados en el departamento de La Guajira, por valor de $3.865 con un
plazo de 15 meses, en donde se verificó falta de soportes que evidencien el
total cumplimiento del contrato, como tampoco el seguimiento de avance y
ejecución por parte de la interventoría, al encontrar una falta de
acreditación de las actividades, para fortalecer la calidad educativa en zona
rural de los municipios no certificados en el departamento de la Guajira.
Con referencia a lo anterior, se comprobó que no se cumplieron con los
principios de eficiencia, eficacia y economía, debido a que los bienes o
servicios contratados no cubrieron las necesidades de la comunidad beneficiaria
y que los resultados obtenidos no promovieron en su totalidad el desarrollo
educativo, de salud, social, y económico.
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