POR:
TOMÁS BETÍN DEL RÍO
Se trata de la capturada número 15 en la península, y la número 27 en el Caribe, por la feria de los contratos del Icbf con la alimentación de los pequeños de cero a cinco años.
El CTI de La Guajira capturó a Solimar Rodríguez Effer, representante legal de la Fundación Mejor Vivir, quien se presentó voluntariamente al ser requerida por el Despacho 004 Estructura de Apoyo Riohacha, por estar presuntamente implicada en el caso de corrupción por más de 2.217 millones de pesos con la atención integral a los niños de La Guajira.
La Fiscalía informó que los delitos por los que se le imputará de cargos son concierto para delinquir, peculado y falsedad ideológica en documento público. Esta mañana la Directora del ICBF anunció más capturas en Atlántico y todo el país.
"Lo anterior dentro de la investigación adelantada por las irregularidades presentadas en la contratación del Icbf para la atención integral a la primera infancia, en la cual se determinó que en el año 2015, en La Guajira, se destinaron para la atención integral a niños y niñas menores de cinco años y madres gestantes y lactantes, la suma de 141 mil millones de pesos, de los cuales se adjudicaron 77 mil millones mediante convocatoria a 73 operadores a través de la celebración de 106 contratos de aporte para atender aproximadamente a 27 mil beneficiarios y dentro de los cuales se evidenció una defraudación que asciende a los 2.217 millones de pesos", indicó el ente acusador en un comunicado.
El 7 de noviembre pasado iniciaron en la península la captura de otras 14 personas por el millonario desfalco, sobre las que el fiscal Eduardo Montealegre dijo entonces que al realizar las verificaciones y peritajes contables de los contratos, que se centraron en la Fundación Mejor Vivir, con la cual el ICBF celebró los contratos 375 y 383 de 2015, por valores de más de cinco mil millones cada uno; se determinó que los mismos fueron cobrados de manera fraudulenta con la creación de falsos cupos para beneficiarios inexistentes; pues se estableció el registro de 304 niños de quienes no se pudo comprobar su existencia de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional, y que recibían los servicios del programa.
El CTI, según informó el ente acusador, materializó entonces la captura de Maria Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados; y Robinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada.
Así mismo, el jefe del ente de control penal reportó ese día la detención de otras 11 personas en Albania, La Guajira, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
"Los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo", indicó.
La Fiscalía informó que en los contratos de la Alcaldía se evidenciaron presuntas irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, sin embargo al parecer fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
Igualmente, se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcotrataron con aproximadamente 1.500 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual. Entre los contratados, indicó la Fiscalía, había albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que hay un trasfondo político.
Y ayer, el CTI de la Fiscalía capturó en Barranquilla a 12 personas, incluyendo a la exdirectora del Icbf Atlántico, Yolanda Ruiz, por presuntamente haber pagado arriendos y otros gastos irregulares con el dinero que era para alimentar a 1.778 niños de Ponedera y Tubará que tenían entre cero y cinco años.
Los contratos en que se habrían presentado las irregularidades son el 331 del 22 de diciembre de 2014 por 1.208 millones de pesos y el 346 de la misma fecha por 1.253 millones.
Entre los otros detenidos que fueron identificados se encuentran Janeth Ortega, Oneida Bayona, Carlos Gamarra, Rosmery Maldonado, Luis Avendaño (representante de la Unión Temporal Unidos por la niñez), Luis Avendaño Jr, Eduardo Camargo y Orlando Jessurum, un policía que fungía además como proveedor de refrigerios.
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