¿CuĂ¡nta politiquerĂa, corrupciĂ³n, falta de control y desdĂ©n tienen que pasar para que un niño con hambre y desnutrido en el ChocĂ³, La Guajira o AtlĂ¡ntico reciba por todo alimento escolar una porciĂ³n de pasta contaminada y una galleta de soda?
Semejante menĂº, que, segĂºn pesquisas de la DefensorĂa del Pueblo, se sirve con total desfachatez en escuelas de 13 municipios de aquellos departamentos, viene adobado para estos pequeños con una dosis de humillaciĂ³n: muchos tienen que comer en el suelo y en recipientes que ellos mismos deben llevar, pues la otra opciĂ³n es hacerlo en utensilios peligrosamente desaseados.
En La Guajira, los pequeños, algunos de los cuales no comen nada mĂ¡s durante el dĂa, hasta tienen que pagar 200 pesos para costear su preparaciĂ³n.
Lo mĂ¡s indignante de todo este asunto es que los colombianos, con sus impuestos, pagan para que estos niños, que se cuentan entre los mĂ¡s abandonados y vulnerables del paĂs, reciban cada dĂa una comida balanceada, higiĂ©nica, suficiente y nutritiva, que compense el atraso nutricional de estas regiones.
Hasta los mismos niños tienen que saber que el dinero que el Estado asigna para ayudar a alimentarlos en sus escuelas y comedores comunitarios se queda en los bolsillos de polĂticos corruptos y de contratistas que actĂºan a sus anchas en las narices de las autoridades locales y nacionales, que hoy se rasgan las vestiduras ante los hallazgos de la DefensorĂa.
Que alguien explique, como para que estos niños y el paĂs lo entiendan, por quĂ© apenas ahora se anuncian auditorĂas rigurosas y por quĂ© a la hora de establecer responsabilidades frente al desastre en el que estĂ¡ convertida la alimentaciĂ³n escolar en zonas como estas, las administraciones locales y el Gobierno Nacional se tiran la pelota.
Frente a lo ya visibilizado, hay que decir que lo que ocurre en tales casos raya en lo criminal. Estos pequeños, por su condiciĂ³n de desnutridos, estĂ¡n mĂ¡s propensos a enfermarse. Suministrarles alimentos contaminados con salmonellas, fecaloides y otro tipo de bacterias detectadas durante el anĂ¡lisis, constituye un claro atentado contra la integridad de una poblaciĂ³n que, se supone, estĂ¡ cobijada, prioritariamente, por programas sociales del Estado.
Entregar comida balanceada a los escolares es un mĂ©todo inventado y ampliamente probado. Requiere, sĂ, experticia, una mĂnima infraestructura, canales de distribuciĂ³n adecuados, un menĂº que supla en parte las necesidades alimenticias de un niño en desarrollo y, ante todo, transparencia y autoridades comprometidas con la salvaguarda de la salud de los menores de edad y de los recursos pĂºblicos. Ni uno solo de estos requisitos mĂnimos se cumple en las zonas visitadas por la DefensorĂa. ¿QuĂ© pasarĂa si este anĂ¡lisis se extendiera a otros municipios?
Un paĂs que permite a los corruptos atentar de modo tal contra la salud y la dignidad de los mĂ¡s necesitados no puede darse el lujo de autoproclamarse como un Estado equitativo y moderno. Antes de hacerlo, antes de proyectarse mĂ¡s allĂ¡ de sus fronteras, debe garantizar primero que a todos sus ciudadanos, particularmente a los mĂ¡s vulnerables, se les respeten sus derechos y tengan cubiertas sus necesidades bĂ¡sicas. Remontar estos indicadores de vergĂ¼enza es una prioridad. Las disculpas no caben.
editorial@eltiempo.com
0 Comentarios