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MenĂº de humillaciones

Editorial: http://www.eltiempo.com/

¿CuĂ¡nta politiquerĂ­a, corrupciĂ³n, falta de control y desdĂ©n tienen que pasar para que un niño con hambre y desnutrido en el ChocĂ³, La Guajira o AtlĂ¡ntico reciba por todo alimento escolar una porciĂ³n de pasta contaminada y una galleta de soda?

Semejante menĂº, que, segĂºn pesquisas de la DefensorĂ­a del Pueblo, se sirve con total desfachatez en escuelas de 13 municipios de aquellos departamentos, viene adobado para estos pequeños con una dosis de humillaciĂ³n: muchos tienen que comer en el suelo y en recipientes que ellos mismos deben llevar, pues la otra opciĂ³n es hacerlo en utensilios peligrosamente desaseados.

En La Guajira, los pequeños, algunos de los cuales no comen nada mĂ¡s durante el dĂ­a, hasta tienen que pagar 200 pesos para costear su preparaciĂ³n.

Lo mĂ¡s indignante de todo este asunto es que los colombianos, con sus impuestos, pagan para que estos niños, que se cuentan entre los mĂ¡s abandonados y vulnerables del paĂ­s, reciban cada dĂ­a una comida balanceada, higiĂ©nica, suficiente y nutritiva, que compense el atraso nutricional de estas regiones.

Hasta los mismos niños tienen que saber que el dinero que el Estado asigna para ayudar a alimentarlos en sus escuelas y comedores comunitarios se queda en los bolsillos de polĂ­ticos corruptos y de contratistas que actĂºan a sus anchas en las narices de las autoridades locales y nacionales, que hoy se rasgan las vestiduras ante los hallazgos de la DefensorĂ­a.

Que alguien explique, como para que estos niños y el paĂ­s lo entiendan, por quĂ© apenas ahora se anuncian auditorĂ­as rigurosas y por quĂ© a la hora de establecer responsabilidades frente al desastre en el que estĂ¡ convertida la alimentaciĂ³n escolar en zonas como estas, las administraciones locales y el Gobierno Nacional se tiran la pelota.

Frente a lo ya visibilizado, hay que decir que lo que ocurre en tales casos raya en lo criminal. Estos pequeños, por su condiciĂ³n de desnutridos, estĂ¡n mĂ¡s propensos a enfermarse. Suministrarles alimentos contaminados con salmonellas, fecaloides y otro tipo de bacterias detectadas durante el anĂ¡lisis, constituye un claro atentado contra la integridad de una poblaciĂ³n que, se supone, estĂ¡ cobijada, prioritariamente, por programas sociales del Estado.

Entregar comida balanceada a los escolares es un mĂ©todo inventado y ampliamente probado. Requiere, sĂ­, experticia, una mĂ­nima infraestructura, canales de distribuciĂ³n adecuados, un menĂº que supla en parte las necesidades alimenticias de un niño en desarrollo y, ante todo, transparencia y autoridades comprometidas con la salvaguarda de la salud de los menores de edad y de los recursos pĂºblicos. Ni uno solo de estos requisitos mĂ­nimos se cumple en las zonas visitadas por la DefensorĂ­a. ¿QuĂ© pasarĂ­a si este anĂ¡lisis se extendiera a otros municipios?

Un paĂ­s que permite a los corruptos atentar de modo tal contra la salud y la dignidad de los mĂ¡s necesitados no puede darse el lujo de autoproclamarse como un Estado equitativo y moderno. Antes de hacerlo, antes de proyectarse mĂ¡s allĂ¡ de sus fronteras, debe garantizar primero que a todos sus ciudadanos, particularmente a los mĂ¡s vulnerables, se les respeten sus derechos y tengan cubiertas sus necesidades bĂ¡sicas. Remontar estos indicadores de vergĂ¼enza es una prioridad. Las disculpas no caben.

editorial@eltiempo.com

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