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Las cuentas pendientes de la Represa del RancherĂ­a.


Por: El Espectador - Dejusticia - Patrimonio Natural


La construcciĂ³n de la represa El Cercado comenzĂ³ en 2006 y finalizĂ³ en 2010. Foto: Dejusticia
Por: Carlos AndrĂ©s Baquero
Investigador de Dejusticia
Angélica María Cuevas
Redactora de El Espectador
La idea de que se ejecute una segunda etapa de la represa El Cercado para el Distrito de Riego RancherĂ­a, en la Guajira, vuelve a avivar la molestia de los indĂ­genas wiwa. Creen que, por segunda vez, su opiniĂ³n no ha sido tenida en cuenta dentro de los planes que tiene el gobierno de autorizar, este año, la construcciĂ³n de obras para los Distritos de AdecuaciĂ³n de Tierras de RancherĂ­a y San Juan del Cesar que segĂºn Ariel BorbĂ³n Ardila, gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ascienden $546 mil millones.
Los wiwa, uno de los cuatro pueblos indĂ­genas de la Sierra Nevada de Santa Marta, dicen que se enteraron de la reactivaciĂ³n del proyecto por medios de comunicaciĂ³n locales y por una reuniĂ³n informativa, pero quieren entender por quĂ© ningĂºn representante del estado los ha citado a concertar, para saber si estĂ¡n de acuerdo con que pronto vuelvan las volquetas, y los ingenieros a su territorio. “No nos han tenido en cuenta”, asegura el Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la OrganizaciĂ³n Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).

Por su parte el director del Incoder asegura que por ahora lo Ăºnico claro es que para el 30 de junio de 2015 se sabrĂ¡ si es viable la creaciĂ³n de una AsociaciĂ³n PĂºblico Privada (APP) que permita sacar adelante la segunda fase de la represa. “De ser viable financieramente, la estructuraciĂ³n del APP terminarĂ­a en diciembre de 2016, la cual permitirĂ­a la contrataciĂ³n del operador especializado para construcciĂ³n y operaciĂ³n del Proyecto RĂ­o RancherĂ­a (acueductos, riego y energĂ­a)”, dice BorbĂ³n Ardila.
Es claro que los conflictos sociales que giran en torno a la represa El Cercado comenzaron hace por lo menos diez años.  En 2005, cuatro años despuĂ©s de haberse planteado el proyecto al paĂ­s, el Incoder  obtuvo la licencia ambiental para levantar el embalse y los distritos de riego del rĂ­o RancherĂ­a y San Juan del Cesar. Una obra que fue presentada por los polĂ­ticos como el camino para la reactivaciĂ³n econĂ³mica de la Guajira pero que se ha caracterizado por su bajo desempeño.
AdemĂ¡s, los wiwa, se han declarado afectados directos por la construcciĂ³n de la represa y por años han reclamado que Ă©sta se levantĂ³ sin su consentimiento.  denunciando que realmente no hubo un proceso de consulta previa.

Los indĂ­genas le han pedido al gobierno que escuche sus peticiones. / Foto: Dejusticia
 
Aunque el Incoder ha argumentado que las consultas sĂ­ se hicieron y  “durante los meses de marzo (dĂ­as 14 a 16)  y mayo (dĂ­a 13) del año 2005, se socializĂ³ el proyecto multipropĂ³sito RĂ­o RancherĂ­a y sus impactos, acatando toda la normativa”, los indĂ­genas han sostenido que Ă©stas no fueron mĂ¡s que reuniones informativas donde no se tuvieron en  sus posiciones.
La ‘megaobra’ tenĂ­a tres objetivos principales: en primer lugar el gobierno buscaba dotar de agua los acueductos de nueve municipios guajiros (DistracciĂ³n, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania y San Juan del CesĂ¡r) beneficiando a 354.900 habitantes; ademĂ¡s se realizarĂ­an obras de infraestructura para la construcciĂ³n de los Distritos en Gran Escala de RancherĂ­a y San Juan del Cesar que servirĂ­an para alimentar 18.500 hectĂ¡reas de cultivos y por Ăºltimo la represa funcionarĂ­a como hidroelĂ©ctrica y asĂ­ iluminarĂ­a todo el sur de la Guajira.
“Esta es una experiencia y una prueba fehaciente de que las regalĂ­as tambiĂ©n se invierten bien, como lo ha hecho La Guajira con este proyecto”, fueron las palabras del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2010 cuando entregĂ³ la primera etapa de las obras en compañía del entonces gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, y el gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo PĂ©rez.
Pero pasĂ³ el tiempo y la represa aĂºn no cumple con las expectativas. El año pasado, el fuerte verano que soportĂ³ la Guajira le dejĂ³ ver a algunas autoridades que el proyecto no estĂ¡ funcionando. En agosto, la ProcuradurĂ­a General de la NaciĂ³n concluyĂ³ que la represa tan sĂ³lo cumple con uno de los cuatro objetivos para los que se construyĂ³: aunque surte de agua los distritos de riego de la RancherĂ­a, no se aprovecha para los otros propĂ³sitos por los cuales se creĂ³.

PanorĂ¡mica de las zonas de vegetaciĂ³n que fueron inundadas. /Foto:Dejusticia
 
“Los diferentes municipios que se beneficiarĂ­an con el proyecto no han realizado sus conexiones a la presa para surtirse del preciado lĂ­quido para sus pobladores, ademĂ¡s es evidente la falta de control por parte de Corpoguajira en la vigilancia de las concesiones de agua otorgadas”, fue el balance del ente de control. Desde 2010, la falta de recursos hizo que la puesta en marcha de la segunda fase se retrasara, generĂ¡ndole al paĂ­s pĂ©rdidas anuales que han sido calculadas por la ContralorĂ­a General de la RepĂºblica en $22 mil millones.
En El Caney muchos de los habitantes piensan El Cercado es otro elefante blanco de la Guajira que ademĂ¡s estuvo marcado por la presiĂ³n de grupos armados. SegĂºn informes publicados por el Centro de InvestigaciĂ³n y EducaciĂ³n Popular (CINEP) en el 2002, los paramilitares atravesaron los primeros retenes en la misma zona donde despuĂ©s se construyeron los muros que dividieron el rĂ­o RancherĂ­a. “Los ataques paramilitares llevaron  al desplazamiento de 1.500 personas, entre las que se encontraban familias indĂ­genas y campesinas”, dice el informe. Ese traslape de la zona de la represa con la de expansiĂ³n militar del bloque Norte de la AUC ha sido denunciado en distintas ocasiones por el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), ente de representaciĂ³n polĂ­tica de los wiwa, arhuacos, kankuamo y koguis.
“Con la llegada de los paras a CaracolĂ­, nos tocĂ³ recoger nuestras cosas y desplazarnos a San Juan (…) eso fue por ahĂ­ en el 2006”, recuerda una de las vĂ­ctimas de la represa que pidiĂ³ mantenerse en el anonimato por miedo a un segundo ataque.
“Antes de la represa yo tenĂ­a un pequeño cultivo de yuca que me daba para mantener a mis hijos”, contĂ³ Julio Vega, un indĂ­gena que tuvo que trasladarse con toda su familia para ese lugar despuĂ©s de que el agua arrasara con su casa y su cultivo. Debajo del agua tambiĂ©n quedaron los animales que tenĂ­an para su subsistencia y mĂ¡s de treinta sitios sagrados, lugares de pagamento y ritos ceremoniales de los pueblos wiwa, kankuamo, arhuaco y kogui; cuidadores ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Nos habĂ­an dicho que el agua no llegarĂ­a a mi casa porque estaba alta, que la inundaciĂ³n durarĂ­a tres años pero en pocos meses la represa se llenĂ³ y asĂ­ inundĂ³ nuestras casas y todos los cultivos” es lo que recuerda otra de las afectadas.  Esta situaciĂ³n fue confirmada por la ContralorĂ­a, que en uno de sus informes revelĂ³ cĂ³mo el acelerado proceso de llenado de la represa, que estaba planeado a 3 años y se hizo en 3 meses (entre agosto y diciembre de 2010), causĂ³ serios impactos ambientales y socioeconĂ³micos.

Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la OrganizaciĂ³n Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)./Foto:Dejusticia
 
Ahora, mientras caminamos por el borde del embalse, Pedro Loperena se queda viendo el bosque muerto que fue inundado por la represa. “Esta es la cara del desarrollo que muestra el hermano menor, lo que para ellos es desarrollo, para nosotros es muerte. QuĂ© hace la autoridad ambiental, otorga permisos para destruir porque esto es lo que han hecho” dice.
“La enfermedad que nosotros sufrimos fue la del dengue y nosotros no sabĂ­amos lo que era eso”, narrĂ³ uno de los habitantes de CaracolĂ­ quien cuenta que una de las vĂ­ctimas mĂ¡s recordadas fue un vecino que dejĂ³ huĂ©rfanos a ocho hijos. Medios como La Silla VacĂ­a registraron la muerte de un soldado del ejĂ©rcito, y los habitantes Nelson Turizo y Oriso Bonilla. En respuesta, el Incoder ha afirmado que ha realizado los estudios epidemiolĂ³gicos pertinentes y  hasta la fecha no se han registrado epidemias que hayan afectado a la poblaciĂ³n vecina al  embalse por efecto de su llenado y operaciĂ³n.

Los medios de comunicaciĂ³n local reseñaron la apariciĂ³n de nuevos casos de dengue. /Foto:Dejusticia
 
La lucha por ser escuchados llevĂ³ a los indĂ­genas de la Sierra, organizados en el Consejo Territorial de Cabildos (CTC), a presentar una  tutela por violaciĂ³n del derecho a la consulta previa, que fue negada  tres oportunidades, incluida la Corte Constitucional, al considerar que los indĂ­genas se tardaron mucho en exigir la realizaciĂ³n de las consultas.
Como un Ăºltimo recurso judicial, en 2013, el CTC, junto al Colectivo de Abogados JosĂ© Alvear Restrepo, acudieron a instancias internacionales para buscar la protecciĂ³n de su derecho a la consulta y la reparaciĂ³n por los daños generados en sus vidas. La ComisiĂ³n Interamericana de Derechos Humanos aĂºn no se ha pronunciado sobre la denuncia que presentaron contra del Estado colombiano.
Ahora que se anuncia una segunda etapa del proyecto, los habitantes de El Caney, CaracolĂ­ y toda la parte baja de la Guajira siguen esperando que la represa funcione en algĂºn momento, mientras que los pueblos indĂ­genas continĂºan esperando que se les tenga en cuenta.






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