Los cabildantes de ese municipio de La Guajira escogieron personero cuando ya la Alcaldesa había designado a una persona en el cargo.
Como si no hubiera sido suficiente con la acusación de cohecho que le formuló la alcaldesa Claudia Gómez Ovalle a un grupo de concejales de Villanueva, La Guajira, ahora los llamados padres del municipio, se ven envueltos en otro grave problema que les podría motivar una suspensión prolongada del ejercicio de sus cargos.
El caso tiene que ver con la escogencia, en noviembre de 2014, de un personero, luego de que el titular del cargo, Óscar Morón Guerrero, se ausentó de manera temporal y prolongada por un requerimiento judicial de la Fiscalía.
El escogido por los concejales fue el señor Ernesto Camilo Murgas Rosado, quien recibió la designación, pese a que el Concejo Municipal se encontraba en período de receso y además, en un acto administrativo previo, la alcaldesa Claudia Gómez Ovalle también había designado para remplazar al personero entonces detenido, a María Clara Olivella Fernández.
Para esos meses de noviembre, diciembre del año pasado y el de enero del presente, hubo gran revuelo entre la población, toda vez que el municipio al que le habían detenido su personero ahora no solo tenía uno, sino que eran dos los personeros que se peleaban el derecho a ingresar al despacho y no pudiendo hacerlo simultáneamente. La designada por la alcaldesa ganó el derecho a tener oficina, mientras que el personero del Concejo Municipal empezó a despachar desde un lugar diferente.
Los concejales que están inmersos en esta nueva investigación disciplinaria son: Ubaldo Rafael Pérez Cortés, Luis Fernando Carrillo Contreras, Abel de Jesús Cortés Lúquez, Rafael Andrés Peláez Suárez, Janet del Pilar Restrepo Pabón, Wilder José Rumbo Brito, José Alfonso Díaz Plata, Emilio Antonio García Orcasita, Víctor Manuel Valdez Pacheco y Juan Carlos Olivella Rodríguez.
El cargo único que la Procuraduría les ha corrido a los concejales es el de un probable prevaricato por acción, al designar al personero Ernesto Murgas Rosado, siendo que ya la alcaldesa había hecho lo propio con María Clara Olivella Fernández, a través de un decreto de su despacho y en virtud a que el Concejo Municipal se encontraba en período de receso en el momento en el que se produjo la captura del personero que fue elegido para el período que termina en diciembre del presente año.
Los investigadores de la Procuraduría encontraron que la falta que se pudo cometer por parte de los concejales es gravísima y además a título de dolo, situación que no solo podría generarles una suspensión, sino la destitución de los cargos, en la eventualidad de que no se encuentren en el curso del debate jurídico, los argumentos de ley necesarios para desvirtuar lo que hasta el momento se ha planteado por el ente disciplinante.
Por: Redacción Al Día - La Guajira