Las muertes infantiles por desnutrición, el hacinamiento carcelario y amenazas a líderes azotan la región.
Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, como resultado de seis meses de investigación y luego de dos días de visita humanitaria encabezada por el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, la entidad convocó una audiencia pública para dar a conocer un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira.
En el 2014 son 43 niños muertos por factores asociados a la desnutrición, lacárcel más hacinada del país, un emisario final de aguas negras en mediode la comunidad y el incremento de amenazas contra líderes hacen partedel panorama en esta región del país.
Por ello la Defensoría delPueblo expedirá una resolución defensorial y presentará comisiones deseguimiento para seguir el desarrollo de los compromisos adquiridos porlas autoridades nacionales y territoriales
Durante el evento, al que asistieron altos funcionarios de los gobiernos nacional y territorial, así como representantes de los organismos de control, el defensor calificó como "una vergüenza para el país" el impacto del abandono estatal en esa región, donde en el último año se duplicaron las muertes de menores por factores relacionados con la desnutrición: el departamento pasó de 23 el año pasado a 43 en lo corrido del 2014.
El funcionario hizo un mea culpa a nombre de la institucionalidad, al señalar que no hay explicaciones ante la indolencia y la inmovilidad de las entidades públicas para atender las necesidades y los derechos más apremiantes de la población, particularmente de los indígenas Wayúu.
El defensor del Pueblo volvió a llamar la atención sobre las precarias condiciones que afrontan los internos en la cárcel de Riohacha, la más hacinada del país, con un índice que se acerca al 480 %, y donde los reclusos tienen que dormir uno encima de otro, incluso de pie, pues el espacio no da más alternativa.
La entidad también constató las graves consecuencias que genera el vertimiento incontrolado de desechos a través del emisario final que, además de arrojar las aguas negras de toda la ciudad de Riohacha al mar Caribe, se ubica en un sector donde al menos 80 familias tienen que convivir con los malos olores y el impacto para la salud.
Municipios como Uribia, Manaure, Maicao y la Jagua del Pilar reportan elevados índices de necesidades básicas insatisfechas en los cuales, además, las muertes evitables, la persistencia del riesgo por el desplazamiento de las comunidades y el accionar de los grupos armados ilegales se extiende a otras localidades como El Molino, Villanueva y Urumita.
Al término de la audiencia pública realizada en Riohacha por Otálora, las autoridades nacionales dieron a conocer algunos avances en materia de gestión y se comprometieron a fortalecer los programas de atención humanitaria, tema frente al cual la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán estricta vigilancia a través de una Resolución Defensorial que será expedida en los próximos días.
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