La Corte constató que la comunidad de Jojoncito se abastece de un reservorio con agua verdosa y posibles restos de materia fecal animal. El alto tribunal exige una respuesta inmediata.
La Corte Constitucional lanzó una nueva alerta por las condiciones de acceso al agua que enfrentan las comunidades Wayuu en La Guajira y ordenó una intervención inmediata en el corregimiento de Jojoncito, municipio de Uribia.
Mediante el Auto 1201 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 ordenó a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA activar, en un plazo máximo de 48 horas, un esquema temporal para garantizar el suministro de agua potable a la comunidad.
La orden no es una recomendación.
La Alcaldía de Uribia y ESEPGUA deben cumplirla.
La decisión fue adoptada después de que una comisión de la Corte Constitucional realizara una inspección en territorio el pasado 27 de agosto y encontrara una situación que encendió las alarmas: la comunidad estaba utilizando como fuente de abastecimiento un reservorio con coloración verdosa y probable presencia de heces fecales de animales.
Ante este escenario, el alto tribunal determinó que existe un riesgo sanitario que requiere una respuesta inmediata.
El suministro deberá realizarse mediante carrotanques de la Alcaldía de Uribia y tanques de almacenamiento suministrados por ESEPGUA.
Además, las entidades deberán presentar en las primeras 24 horas un plan inicial de distribución, estableciendo rutas y frecuencias de entrega. En cinco días deberán presentar el plan definitivo.
La Corte también ordenó garantizar la adecuada limpieza y desinfección de los tanques utilizados para almacenar el agua.
Pero el alto tribunal fue más allá de los carrotanques.
El Ministerio de Vivienda deberá instalar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, sistemas de purificación o filtros adecuados para la comunidad, mientras que las entidades responsables tendrán 30 días hábiles para presentar un proyecto de solución definitiva y sostenible de acceso al agua.
La decisión vuelve a poner a Uribia en el centro del debate nacional sobre la garantía del derecho fundamental al agua de las comunidades Wayuu.
Ahora viene la parte fundamental: que la orden se cumpla.
La Alcaldía de Uribia y ESEPGUA tienen 48 horas para comenzar a garantizar el abastecimiento. La Procuraduría General de la Nación realizará seguimiento al cumplimiento de las medidas.
La Corte, además, pidió evaluar si las condiciones encontradas en Jojoncito se repiten en otras comunidades de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
En Jojoncito, el problema ya fue constatado. La Corte ordenó actuar. Ahora ESEPGUA y la Alcaldía de Uribia tienen la obligación de responder.
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