Gobierno electo pide suspender contrato de $10.500 millones para proyecto Ranchería–San Juan y anuncia posibles acciones ante organismos de control

El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) abstenerse de firmar un contrato con ALDESARROLLO mientras se revisa su legalidad. El convenio está relacionado con uno de los proyectos hídricos y agrícolas más importantes de La Guajira.



El Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó formalmente a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) suspender la firma de un contrato interadministrativo por 10.500 millones de pesos con la entidad ALDESARROLLO, destinado a la administración de los proyectos estratégicos Ranchería–San Juan y Triángulo del Tolima.

En el comunicado, el equipo de empalme indicó que el contrato no debería suscribirse hasta verificar plenamente su legalidad, conveniencia y transparencia. Asimismo, advirtió que, si el proceso continúa sin despejar las inquietudes planteadas, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Un proyecto clave para el desarrollo de La Guajira

El proyecto Ranchería–San Juan corresponde al componente de adecuación de tierras del Proyecto Multipropósito Río Ranchería, una iniciativa concebida para aprovechar las aguas de la represa El Cercado mediante la construcción de dos grandes distritos de riego: Ranchería y San Juan. Su propósito es impulsar la producción agrícola, garantizar el suministro de agua para actividades agropecuarias y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales del sur de La Guajira.

De acuerdo con la Agencia de Desarrollo Rural, el proyecto contempla irrigar más de 18.000 hectáreas, beneficiar a 1.029 familias campesinas de municipios como San Juan del Cesar, Distracción, Barrancas y Fonseca, además de aportar al abastecimiento hídrico de nueve municipios del departamento y permitir el funcionamiento de una pequeña central hidroeléctrica.

A pesar de su importancia estratégica, la iniciativa ha enfrentado retrasos durante varios gobiernos y continúa sin concluirse, razón por la cual ha sido objeto de seguimiento por parte del Consejo de Estado y de diferentes entidades nacionales.

Solicitud de suspensión

El Gobierno electo aseguró que esta actuación hace parte de su estrategia de Empalme Anticorrupción, orientada a revisar las decisiones contractuales adoptadas en los últimos días de la administración saliente y garantizar la protección del patrimonio público.

Hasta el momento, la Agencia de Desarrollo Rural no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de suspender la firma del contrato.

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