La contratación relacionada con la atención de la niñez wayúu se multiplicó durante el Gobierno Petro. Una investigación publicada por la revista Cambio revela que se registraron 1.085 contratos por cerca de $1,78 billones, mientras organismos de control continuaban alertando sobre retrasos, problemas de planeación y dificultades para garantizar la continuidad de los servicios.
La Sentencia T-302 nació de una tutela presentada el 5 de febrero de 2016 por Elson Rafael Rodríguez Beltrán para exigir la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayúu.
El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, debido a la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la alimentación, la salud y la participación.
El fallo estableció ocho objetivos para enfrentar la crisis y ordenó, entre otros aspectos, mejorar los programas alimentarios y garantizar transparencia en la selección de contratistas.
Nueve años después de la tutela y más de ocho años después de la sentencia, la contratación relacionada con este universo de atención alcanzó una dimensión billonaria.
Según la investigación del periodista Iván Serrano, publicada por la revista Cambio, durante los últimos 18 meses analizados del Gobierno de Iván Duque se identificaron cuatro contratos que mencionaban expresamente la Sentencia T-302, por aproximadamente $160 millones.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, el comportamiento fue completamente diferente.
En los últimos cinco meses de 2022 se registraron seis contratos por $463 millones. En 2023 fueron 42 contratos por $95.200 millones. En 2024, la cifra se disparó a 431 contratos por $598.788 millones. En 2025 se registraron 274 contratos por $530.553 millones y, con corte al 9 de julio de 2026, ya se contabilizaban 332 contratos por $556.999 millones.
En total: 1.085 contratos por aproximadamente $1,78 billones, distribuidos entre 384 operadores.
La mayor parte de los recursos pasó por el ICBF Regional Guajira: 949 contratos por $1,68 billones, equivalentes al 94,3 % del total analizado.
El dato más contundente de la investigación es la velocidad con la que aumentó la contratación. En periodos de duración semejante, el valor contratado mensualmente habría pasado de aproximadamente $8,7 millones durante el periodo analizado del Gobierno Duque a cerca de $5.371 millones durante los primeros 18 meses del Gobierno Petro. Es decir, un aumento de 616 veces en el valor mensual contratado.
Pero el gran interrogante es si el crecimiento de los recursos se ha traducido en mejores resultados para los niños y las comunidades wayúu.
Las alertas de la Procuraduría cuentan otra historia.
En junio de 2024, el Ministerio Público advirtió demoras en la firma y ejecución de los contratos, zonas declaradas desiertas y retrasos que afectaban la atención de al menos 80.000 familias.
La Procuraduría también cuestionó la falta de un censo claro, los requisitos exigidos a los operadores, los criterios de selección y el uso de invitaciones cerradas.
En febrero de 2025, la alerta volvió a encenderse. La atención de al menos 102.000 niños dependía de estos contratos, pero solo 90 de las 144 invitaciones habían terminado con acuerdos suscritos. El avance era del 63 %.
Mientras los recursos crecían, persistían las preguntas sobre la oportunidad de la contratación, la continuidad de los servicios y la capacidad de los operadores.
La investigación también revisa el papel de algunos operadores y menciona un grupo de 20 contratos otorgados mediante régimen especial por el ICBF Regional Guajira, con un valor conjunto de $21.879 millones.
En ese grupo aparecen la UT Talapuin 2024, con seis contratos por $10.725 millones; la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Anas Akuaipa, con nueve contratos por $7.934 millones, y la Organización Indígena de La Guajira Yanama, con cinco contratos por $3.220 millones.
Fuentes consultadas por el autor de la investigación señalaron posibles vínculos de algunos operadores con personas cercanas a concejales de la ASI en Riohacha, al exalcalde de Uribia Bonifacio Henríquez y a la alcaldesa de Albania, Nera Robles, quien, según esas fuentes, tendría cercanía con el entorno político de la senadora Martha Peralta.
Es importante precisar que, hasta ahora, no existen pruebas contundentes que permitan afirmar que esos posibles vínculos hayan influido en la adjudicación o ejecución de los contratos.
La investigación también recuerda un informe publicado por El Colombiano en enero de 2025 sobre una presunta influencia burocrática de la senadora Martha Peralta en entidades como el ICBF Regional Guajira, Corpoguajira, el Invías y el SENA. Según ese medio, la congresista fue consultada para entregar su versión, pero dejó de responder después de recibir el cuestionario.
El caso adquiere una particular relevancia porque algunas de las personas mencionadas también actuarían como veedores del cumplimiento de la Sentencia T-302, el mismo fallo que ordenó proteger los derechos de la niñez wayúu.
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