La entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026 debido a la expansión de las autodenominadas ACSN y las disputas entre grupos armados y estructuras criminales en el municipio fronterizo de Maicao, La Guajira.
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva advertencia sobre el deterioro de la seguridad en Maicao, al emitir la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026, en la que advierte sobre el alto riesgo que enfrentan los habitantes del casco urbano y la zona rural debido a la expansión de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la disputa por el control territorial entre diferentes grupos armados ilegales.
Según la entidad, la expansión de las ACSN busca consolidar el dominio sobre corredores estratégicos utilizados para economías ilícitas, situación que ha incrementado las tensiones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que históricamente ha mantenido presencia en sectores rurales del municipio.
La alerta también identifica como zonas de mayor riesgo los corregimientos de Carraipía, La Majayura y Paraguachón, además de los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, habitados por comunidades del pueblo Wayúu.
Disputas entre grupos ilegales
La Defensoría señala que en el corregimiento de Paraguachón existe una coexistencia forzada entre el ELN y la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, organizaciones que mantienen un control fragmentado sobre varias trochas fronterizas utilizadas para el tránsito de personas y mercancías ilegales.
Mientras tanto, en el casco urbano de Maicao persiste una disputa entre las estructuras criminales conocidas como Los Rafita y Los Payasos, a la que recientemente se sumó La Banda del Oso, incrementando los niveles de violencia e inseguridad.
La entidad advierte que esta convergencia de actores ilegales podría generar procesos de subordinación entre organizaciones criminales y fortalecer la tercerización de actividades ilícitas, poniendo en mayor riesgo la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población.
Gobernanza criminal y control social
El informe también advierte que los grupos ilegales han fortalecido mecanismos de control social mediante amenazas, extorsiones a comerciantes y mototaxistas, restricciones a la movilidad en zonas de frontera e imposición de normas de comportamiento.
Además, las ACSN estarían promoviendo un discurso mediante el cual buscan presentarse como garantes del orden, mientras fortalecen alianzas con bandas delincuenciales locales.
Violencia durante 2026
La Defensoría recordó que durante el presente año ya se han registrado hechos de extrema violencia en Maicao.
Entre ellos figura la masacre ocurrida el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, donde fueron asesinados cinco jóvenes.
Igualmente, el 12 de abril, cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron asesinadas por hombres armados en el barrio Villa Mery.
La entidad también alertó sobre la circulación de videos intimidatorios en redes sociales donde se muestran actos de tortura y confesiones forzadas, utilizados como mecanismo de intimidación y control sobre la población.
Poblaciones más vulnerables
La Defensoría considera que el pueblo indígena Wayúu enfrenta uno de los mayores niveles de riesgo debido al tránsito permanente de actores armados por sus territorios.
Asimismo, advierte sobre el peligro de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con economías ilegales.
La población migrante, líderes sociales y defensores de derechos humanos también enfrentan amenazas, desplazamientos forzados y procesos de estigmatización.
Defensoría solicita acciones urgentes
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 18 recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Gobernación de La Guajira, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad para las Víctimas y demás entidades competentes.
Las medidas buscan fortalecer la protección de la población civil, prevenir el reclutamiento de menores, brindar garantías a las comunidades indígenas y reforzar las investigaciones para desmantelar las estructuras criminales que operan en Maicao.
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