La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció este miércoles la acusación formal contra el actual representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos investigados corresponden a su gestión como alcalde del municipio de Barrancas entre los años 2016 y 2019. Según la investigación, Cerchiaro habría firmado y liquidado varios contratos sin cumplir los procedimientos legales establecidos, provocando un posible detrimento al patrimonio público.
Uno de los contratos más cuestionados fue adjudicado el 23 de agosto de 2016, con el objeto de ejecutar una jornada de reforestación en la ribera del río Ranchería. De acuerdo con el magistrado ponente César Reyes, no solo se omitieron requisitos legales fundamentales para la contratación, sino que además su ejecución y liquidación se dieron “por fuera del marco legal y sin justificación técnica ni financiera”.
Adicionalmente, la Corte también evaluó un contrato de alumbrado público adjudicado en 2018 a la empresa Alumbrado Público de Barrancas S.A.S., que fue aprobado por el Concejo Municipal sin contar con estudios financieros previos que justificaran su sostenibilidad. La interventoría de dicho contrato también fue adjudicada bajo condiciones cuestionadas.
¿Qué viene ahora?
Con la acusación formal presentada, el proceso pasa a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que deberá:
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Evaluar si impone medidas cautelares, como restricciones a la libertad.
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Fijar la fecha de la audiencia preparatoria, donde se presentarán pruebas y argumentos de la defensa.
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Determinar si el proceso avanza hacia juicio oral.
De momento, Cerchiaro Figueroa no tiene medida de aseguramiento, y podrá continuar ejerciendo su cargo como congresista mientras se desarrolla el proceso.
El representante, quien llegó a la Cámara por el partido Colombia Renaciente, ha negado cualquier irregularidad y sostiene que los contratos en cuestión fueron ejecutados con transparencia. Su equipo jurídico prepara la estrategia de defensa, que incluirá la solicitud de nulidades y pruebas nuevas en la fase previa al juicio.
La situación abre nuevamente el debate sobre el manejo de los recursos públicos en las administraciones municipales de La Guajira y el impacto que estos casos tienen en la confianza ciudadana.
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