Entrampamiento y perdón social


Por: Aliskair De La Hoz

@aliskaird

El tema bandera de la semana de pascua ha sido la visita a la cárcel de Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, a algunos presos del patio Ere Sur de la picota. Gustavo Petro y sus seguidores a través de redes sociales, hablaron inmediatamente que se trataba de un “entrampamiento”, como lo aseguraron en el caso de Jesús Santrich o de Álvaro, el hermano de Piedad Córdoba.

Es cierto que organismos estatales a través de los años han utilizado prácticas fraudulentas y dolosas que ante la opinión pública se desvanecen cada vez que hay una nueva cortina de humo, sin embargo, en este caso es casi imposible hablar de un “entrampamiento” a Juan Fernando Petro. Como quiera que se ha venido esclareciendo en las distintas informaciones, (si, esclareciendo porque una cosa es confirmar una noticia con serias dudas y otra es entregarla en su totalidad conociendo todas sus zonas grises) la visita de Juan Fernando Petro no se desarrolló en el marco de la campaña, si no por la solicitud de un grupo de detenidos que pagan condenas en la Picota para hablar con un organismo que hasta esta semana se dio a conocer públicamente después de un trabajo de más de dos décadas: La comisión intereclesial de Justicia y Paz, al que el hermano de Petro, sin cálculos políticos y sin medir consecuencias, asistió.

No hay duda que el episodio en medio de una campaña a la presidencia con tanta polarización y más sentido de la oportunidad que de las propuestas, es de una torpeza inmensa. Expertos en crisis y en marketing político consideran que además de las herramientas de planificación, comunicacionales, de interacción y conocimiento de los votantes en una campaña, hoy es importante aprovechar la oportunidad que da el candidato rival. En este caso Petro, quien lidera las encuestas, es el objetivo de todos y no sólo de los candidatos que compiten por la presidencia, también del gobierno Duque, sectores gremiales, el antipetrismo y medios de comunicación y bodegas de redes sociales.

Ya lo dijo el candidato Petro; el impacto del suceso sólo podrá medirse en nuevas encuestas o el 29 de mayo, pero ocurrió todo lo que no debe ocurrir en una campaña política, máxime si es la que pregona el cambio social que ocasionó el estallido del 28 de abril de 2021.

Sobre el perdón social

Habrá que leer mucho a Derrida o conocer el legado de Desmond Tutu en el apartheid. Pero no nos vayamos muy lejos, porque en La Guajira, por ejemplo, el perdón social es un comportamiento reiterativo incluso para los que no purgan sus penas. La sociología podría determinar si la herencia de la venganza de clanes y la guerra de las familias especialmente durante la época de la bonanza marimbera, convirtieron al departamento en un pueblo sosegado, que hoy perdona.

El artista Diomedes Díaz es un claro ejemplo de ello, su fanaticada siempre esperó que “El Cacique de La Junta” resolviera sus problemas judiciales para que volviera a las tarimas y deleitarse con su música, no hubo reproche por el caso de Doris Adriana, muy sonado recientemente gracias a un documental de Netflix.

Y especialmente el perdón social a políticos denunciados por corrupción, esos quienes durante sus mandatos no hicieron posible que recursos como las regalías le cambiaría la vida a sus gobernados, recursos deseados por otras regiones que planifican mucho mejor sus acciones, tengamos algo claro: si no se los robaron, fueron unos incapaces y la incapacidad en el manejo de la plata del Estado, también es delito.

En febrero de 2022 la organización Dejusticia presentó el informe: Seis datos sobre la corrupción en La Guajira y se destaca que:

Entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción. El 30% de esos casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.

La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años. La mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción; algunos de esos hechos tuvieron relación con el manejo de los recursos de la alimentación de niños y niñas. 

La Procuraduría alertó que 64 expedientes con denuncias de corrupción llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha. Los hechos involucran recursos públicos por más de $85.000 millones. 

Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi $17.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar y en los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años. El gobernador del momento, José María Ballesteros, fue condenado por la Corte Suprema por estos hechos. 

En 2015 se desviaron cerca de $2.000 millones en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. Por estos hechos se encuentran imputados 14 funcionarios. 

En 2016, el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.  

Ex gobernadores como Álvaro Cuello, destituido en el año 2000; el Consejo de Estado invalidó la elección de Hernando Deluque en 2003, el exgobernador destituido e inhabilitado en 2006 y en 2016 la Corte Suprema lo condenó por celebración indebida de contratos; José Luis González fue destituido e inhabilitado por irregularidades en licitaciones, en 2012fue condenado por la Corte Suprema a 10 años de prisión por celebración indebida de contratos; la Procuraduría destituyó e inhabilitó en 2014 a Juan Francisco “Kiko” Gómez, en 2016 fue condenado por homicidio; en 2016 Oneida Pinto el Consejo de Estado anuló su elección al encontrarla inhabilitada, durante su paso por la alcaldía de Albania sus funcionarios fueron condenados por desviación de recursos de la salud para su campaña a la gobernación de La Guajira. Eso sin incluir a alcaldes y directores de instituciones descentralizadas.

Dirigentes que tuvieron responsabilidad durante sus gobiernos, que posiblemente han purgado sus penas y sanciones y es por eso que en las pasadas elecciones parlamentarias participaron con familiares, con candidatos propios y con sus electores quienes, a pesar de conocer sus equivocadas actuaciones, a través del perdón social, hicieron caso a sus indicaciones para votar.

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