Noticias de La Guajira - Enero 18 de 2019



Por: Albeiro Sánchez R.
Fiscalía pide cambio de radicación de proceso que se adelanta contra familiares y amigos de Marquitos Figueroa en Valledupar.
Por falta de garantías, la fiscalía 21 especializada de la capital del país, pidió el cambio de radicación dl proceso que vincula a integrantes del denominado grupo de Marquitos Figueroa, por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, cometidos presuntamente en los departamentos de La Guajira y el Cesar.
Son seis los procesados por el órgano acusador entre los que se encuentra el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía Marulanda, quien desde el año anterior salió de Maicao y nunca más se ha conocido de su paradero, del igual forma se encuentran investigados, José Miguel Torres Cataño, Marco Francisco Figueroa Fonseca, Arles Johan Amaya Brito, Tirso Segundo García Márquez y Damiler Paul Corrales Figueroa.
De acuerdo con lo que ha trascendido acerca de esta investigación, la fiscalía busca desarraigar de su entorno familiar a los procesados a fin evitar influencias que perturben el proceso judicial que cursa en un juzgado penal de la ciudad de Valledupar.
En La Guajira no funcionan soluciones para suministro de agua a las comunidades indígenas de Maicao, Manaure, Uribía y Riohacha.
Durante tres días una comisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en cabeza del jefe de la entidad Carlos Negret, quienes pudieron constatar que las inversiones millonarias para el suministro de agua potable, para las comunidades indígenas cobijadas por las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, no funcionan.
“Me voy preocupado porque encontré supuestas soluciones para el suministro de agua que no funcionan”,  dijo el alto funcionarios del estado a las comunidades nativas que escucharon las conclusiones de la visita, en una reunión realizada ayer en las instalaciones del SENA.
En Defensor del Pueblo, quien también se reunió con los corregidores, para plantearles sus preocupaciones, señalo que propondrá una reunión con el gobierno nacional y entregará los resultados de esta visita para que se mejoren las condiciones de agua potable. “Tenemos que trabajar con los ministerios de Agricultura, de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidades responsables de la contratación para la construcción de  los pozos y molinos a fin de tracen los correctivos y los pongan a funcionar.
Para las comunidades wayuú las entidades gubernamentales no están cumpliendo, con las medidas ordenadas por la Corte.
En la reunión de ayer en las instalaciones del SENA, las autoridades tradicionales y líderes naturales de las comunidades indígenas, reiteraron su inconformidad por el incumplimiento de las autoridades con las soluciones que disminuyan las muertes por desnutrición ocasionados por la falta de agua y alimentos.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, dijeron que el gobierno nacional y las entidades territoriales, tienen en sus respectivas dependencias más de 200 propuestas de iniciativa comunitaria, pero que serán las autoridades quienes definan cuales de esas iniciativas se aplican para la inversión y puesta en funcionamiento.
Todos los incumplimientos a las órdenes judiciales, han causado el incremento de las muertes de niños en los cuatro municipios objeto de las medidas cautelares, de La Corte Interamericana y la Corte Constitucional.
Es de anotar que el cumplimiento de las órdenes judiciales tiene seis meses de atraso y solo hasta ahora con el informe de la defensoría del pueblo, se iniciaran las acciones en el territorio indígena.
El Defensor del Pueblo hablo sobre la  alerta temprana de mayo del año anterior por los riesgos de las comunidades de Sierra Nevada.
Defensoría del Pueblo hace seguimiento a la alerta temprana dada a conocer en mayo de 2018, por   los posibles riesgos a los que están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades ubicadas en el Distrito Turístico de Santa Marta y los municipios de Ciénaga y Dibulla  debido a la presencia de grupos armados en estas zonas.
Según la información dada a conocer por el organismo, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado “Los Pachencas”, conformado, según la Defensoría,  por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna (Clan Giraldo u Oficina Caribe).
El documento de Alerta temprana hace énfasis en la situación que enfrentan las comunidades indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos que se asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Estamos en terreno conversando con la comunidad, hablando con los líderes sociales para conocer qué están viviendo en sus veredas y en las comunidades”, el defensor del pueblo, quien también escuchó a la comunidad de Wimpeshi, en Uribia, donde le contaron sobre sus necesidades en esa zona limítrofe con Venezuela.
Plan de contingencia para afrontar la temporada de sequía por fenómeno del niño en La Guajira.
Ayer se reunió el Consejo Departamental de la Unidad para la Gestión del Riesgo, con objetivo fue pasar de la declaratoria de calamidad pública por la pasada ola invernal, a la normalidad; también que el Gobernador (e) Wilson Rojas Vanegas y el Director Departamental de la Unidad de Riesgo, Gregorio Rincones Plata, presentaron el plan de contingencia para afrontar la temporada de sequía y posible fenómeno del niño.
El plan se centra en dos grandes temas: incendios forestales y desabastecimiento de agua. La zona con mayor probabilidad para que se presenten incendios forestales son; los municipios de Riohacha, Dibulla, Albania, Maicao, Fonseca, Distracción y San Juan Del Cesar.
Dentro de las acciones de intervención están: realizar los estudios de riesgo de desastre que permitan las zonas con mayor número de conflagraciones, implementar una red comunitaria de monitoreo del sistema de alerta temprana (SAT), para emitir alertas tempranas.
El gobernador Wilson Rojas, dijo, “Tenemos la voluntad de trabajar con los diferentes alcaldes, para prepararnos ante la temporada de sequía que se avecina, además tenemos la experiencia de temporadas anteriores, para afrontar estas crisis, también resaltar el valioso apoyo constante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y su enlace Nacional, Hernando Gómez Ricciulli” afirmó el Gobernador encargado.
Con una inversión de 5 mil 690 millones se construirá un nuevo internado indígena en Uribía.
Con el propósito de brindar una mejor cobertura y un servicio educativo con calidad para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la Administración Temporal de educación ha unido esfuerzos en común acuerdo con la alcaldía de Uribía para lograr la construcción de un nuevo Internado indígena en el casco urbano de este municipio, cuyo proyecto ha avanzado con las primeras visitas del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación Nacional para valorar el impacto de esta acción.
Para la consecución de esta obra la Administración Temporal de Educación ha realizado una inversión de 5.690.220.000 (cinco mil seiscientos noventa millones doscientos veinte mil pesos) y la alcaldía de Uribía aportó el predio para la construcción del nuevo Internado.
Con esta nueva residencia escolar se espera beneficiar aproximadamente a 1.700 estudiantes incluyendo 400 internos, esta obra es catalogada infraestructura 10, es decir que contará con toda la dotación adecuada para un Internado de calidad, con espacio para los internos, áreas pedagógicas de estudio y laboratorios de aprendizaje.

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