Da lo mismo, Chana que Sebastiana

Por: Ignacio Rafael Escudero Fuentes

Abogado Especialista en I.J.P. y Derecho Público Uninacional-Docente Uniguajira.

Si dos cosas son iguales no hay para qué escoger tanto. Eso parece ocurrir con la forma en que será escogido el nuevo Contralor General de la Nación, conforme la Ley 1904 del 27 de junio de 2018, sancionada por el Presidente, en la fecha.  Que, establece "las reglas de la convocatoria pública previa a la elección del Contralor de la República por parte del Congreso".

Para poner en contexto a los lectores y como ejercicio eminentemente académico-jurídico, no político, traigo a colación esta aseveración teniendo en cuenta que el problema del desgreño administrativo por la indelicadeza de buen número de servidores públicos en cuanto al uso y manejo de los recursos públicos, no se va a aliviar con fórmulas cosméticas de cómo debe ser la escogencia, del alto funcionario que tiene la responsabilidad funcional constitucional de vigilar y controlar la adecua utilización y uso de los recursos públicos.

Según el mandato constitucional actual, el Contralor, será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La Ley recién sancionada por el Presidente, establece que la elección del Contralor, se hará por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, de la lista de elegibles conformada por convocatoria pública que hará La Mesa Directiva del Congreso de la República. O sea, lo novedoso es que, quitan las funciones a las Altas Cortes y las trasladan a una Universidad pública o privada con acreditación de alta calidad, previa la suscripción de un contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo. Los demás requisitos, tales como ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años, se mantienen intactos.   La elección se hará de una lista de 10 elegibles previamente seleccionados, que en lo posible respetará los criterios de equidad de género. 

¿Esta modificación para la escogencia o elección del Contralor General de la Republica, contribuiría a la despolitización del órgano de control fiscal y daría dientes para emprender una lucha frontal contra la corrupción? La respuesta es un rotundo, NO. Al fin y al cabo la decisión estará en el Legislativo y lo que se apruebe en el cuerpo colegiado seguramente sería sobre la base de “cómo voy yo ahí”.

A contrario sensus, si se reformara la Constitución y se estableciera la elección popular de este alto funcionarios y otros, como Fiscal General, Procurador General, ellos tendrían autonomía de vuelo frente al legislativo y ejecutivo, inclusive. Circunstancia que no ocurre actualmente, tampoco con la reforma planteada en la Ley 1904 del 27 de junio de 2018.

Además, recomendamos abolir el “Control posterior y selectivo”, prevista en la Constitución de 1991, que en palabras castizas se ha convertido en un saludo más a la bandera, debido que el Órgano de Control Fiscal, llega a las instituciones de la administración y particulares que manejan fondos públicos, después del incendio a escarbar en las cenizas. O sea, a revisar que se hizo con los recursos públicos de la vigencia fiscal anterior. ¡Ya pa que!

Las estadísticas, señalan que aun cuando se profieran Fallos de Responsabilidad Fiscal contra servidores públicos y particulares por el mal uso de los recursos de todos, estos terminan siendo simbólicos, por la declaratoria de insolvencia. En otras palabras, no tienen con qué pagar al Estado, pero viven como reyes producto de los recursos mal habidos.

De no ser así, da lo mismo chana que sebastiana.