La
Superintendencia de Puertos y Transporte reveló que el 58 por ciento
de los municipios del país (653) no tienen autoridades de control
operativo de Tránsito y reportaron 856 muertes por accidentes viales en
2017, lo que corresponde al 13 por ciento del total nacional.
La entidad de
control, a través de su Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte
(Cemat), adelantó un estudio en el que analizó la cobertura de las
autoridades operativas de Tránsito en los
1.122 municipios del país, en los cuales hay 8,6 millones de habitantes
(17% del país) y en donde no se hace ninguna clase de control a las
normas de Tránsito, pese a que hay matriculados 2,1 millones de
vehículos (16% del parque automotor nacional).
“En estos
municipios no hay autoridad que garantice la seguridad en las vías. Por
ejemplo, si una persona sale a conducir en estado de embriaguez, no hay
un policía ni un guarda de Tránsito que esté
atento a imponerle una infracción, inmovilizarle el vehículo y
suspenderle la licencia. Esto se debe a la falta de gestión de las
autoridades regionales, sean municipales o departamentales”, señaló el
superintendente Javier Jaramillo, durante su participación
en el Congreso Internacional de Seguridad Vial, que se realizó en
Medellín.
El porcentaje
de municipios sin cobertura de control en algunos de los principales
departamentos del país es el siguiente: Boyacá (81%), Magdalena (80%),
Norte de Santander (80%), Nariño (78%), Bolívar
(76%), Meta (76%), Santander (75%), Huila (62%), Tolima (62%),
Risaralda (43%), Quindío (42%), Antioquia (36%), Valle del Cauca (31%) y
Caldas (30%). (Ver Tabla 1).
Antioquia
registró en 2017 el mayor número de muertes por accidentes de Tránsito
en municipios sin control, con 91 víctimas; seguido de Boyacá (71),
Huila (60), Cesar (56), Santander (54) y Tolima
(53).
Una vez hecho
el análisis, la Supertransporte caracterizó los municipios sin control
en tres grupos, teniendo en cuenta las siguientes variables: número de
habitantes, acceso a la red vial (necesidades
de movilidad) y la participación de cada municipio en el PIB (capacidad
adquisitiva).
La entidad
concluyó que 40 municipios (6%) deben tener autoridad operativa propia o
convenio con la Policía Nacional, debido a la alta población y cantidad
de vehículos que circulan; otros 260 municipios
(40%) deben tener apoyo de las autoridades departamentales, ya que
presentan altas condiciones de movilidad; los 353 restantes (54%) no
tienen complejidad en su movilidad, pero su acceso vial restringido y el
bajo número de vehículos matriculados hacen que
el apoyo de las gobernaciones sea necesario, pero con un menor esfuerzo
administrativo y operativo.
Jaramillo
recordó que, desde septiembre de 2017, la Procuraduría General de la
Nación impartió una directriz a todas las gobernaciones y alcaldías para
que dispongan de los medios necesarios para
adelantar las acciones de control, con el fin de hacer cumplir la
normatividad de Tránsito y Transporte y aumentar la seguridad vial en
todo el país.
“La
Procuraduría fue muy clara en establecer que la Policía Nacional, a
través de la Dirección de Tránsito y Transporte, puede ingresar a todos
los municipios del país para ejercer controles, dado
que es la primera autoridad de carácter operativo del país”, recalcó
Jaramillo.
El estudio
también destacó la gestión de Cundinamarca y Atlántico, que hoy tienen
un 100 por ciento de cobertura de control al Tránsito en todos sus
municipios.
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