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Noticias Agosto 22 de 2017


Fiscalía denuncia posibles irregularidades en proceso que sigue a la exgobernadora Oneida Pinto.
La Fiscalía General alertó a los Magistrados de la Sala Penal de la  Corte Suprema de Justicia, la posible existencia de irregularidades que presenta el proceso penal que hace curso en un juzgado de Maicao, que investiga la posible responsabilidad de Pinto Pérez, en delitos graves contra la administración pública.
Para el órgano acusador (Fiscalía General) , ya se había detectado irregularidades que ameritan  el cambio de radicación del proceso lo cual que se adelanta en Maicao lo fue negado por el Tribunal superior de Riohacha.
Ayer la Unidad Investigativa del diario El Heraldo, publico la información acopiada por la fiscalía en la que indica en uno de sus apartes: : Que el juzgado de primera instancia remitió al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio pasado y el recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio. Sin embargo, el reparto se efectuó el 21 de julio. Es decir, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal. Pero, además, la misiva que envía el juzgado va dirigida con nombre propio al magistrado Jaime Antonio Móvil Melo y, coincidencialmente, el reparto le corresponde al mismo togado.

El diario El Heraldo también conoció las razones expuestas por el juez penal que lleva el caso para el cambio de radicación.
El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, en la audiencia de acusación ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao pidió que el proceso saliera de la península por cuatro razones de las cinco estipuladas en la ley para solicitar que un caso cambie de radicación.
El investigador enumeró concretamente los declarantes que estarían amenazados en lo que tiene que ver con su seguridad e integridad personal: Xiomara Sánchez (vinculada al proceso y testigo), Yan Kéller Hernández (vinculado y testigo como exalcalde de Albania) y Hernando Pérez (testigo que se niega a declarar).
El 3 de agosto de 2017, el magistrado ponente Jaime Móvil Melo decidió negar la solicitud de cambio de radicación solicitada por el fiscal 28 Anticorrupción, que buscaba sacar de Maicao el proceso de la exgobernadora y llevarlo a Bogotá.
En la providencia, el juez no da respuesta a las consideraciones de la Fiscalía y se limita a rebatir el motivo quizá más grave: las amenazas a dos de los testigos, lo que deja por fuera además a los otros dos testigos que también dicen sentir temor por su vida.

Nativos de la Sierra Nevada denuncian presencia paramilitar en el macizo montañoso, varios centros ancestrales han sido incinerados.
Las autoridades tradicionales de la comunidad arahuaca han solicitado la atención del gobierno nacional, ante la ola de amenazas e incineración de sus Kankaruas y centros de ritos tradicionales.
Según las denuncias hechas en Bogotá ante los medios nacionales, desde el pasado mes de febrero están siendo por un grupo compuesto por unos cien hombres armados que incursionaron en la comunidad de Umuriwun y a invadir sus territorios. Dijeron que “no tenían ningún problema con quemar el pueblo”, señaló uno de los líderes.
En un comunicado, los indígenas señalaron que los hombres agredieron a los arahuacos presentes en el sitio y quemaron espacios sagrados utilizados por los indígenas. “Desde entonces, el pueblo permanece sitiado por estas personas entre las que se han identificado desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la comunicación.

Este año han sido atacados e incinerados cuatro pueblos Arahuacos en la Sierra Nevada.
Los hechos corroboran la delicada situación de orden público que se vive en los pueblos originarios de la Sierra Nevada, así lo anota la procuraduría general de la nación que la semana anterior solicito a la fiscalía general priorizar las investigaciones por la incineración de 4 pueblos indígenas.
En un comunicado “El Ministerio Público condena cualquier tipo de violencia contra los pueblos indígenas, y cualquier intento de desanimar las luchas valientes y pacíficas que han emprendido por la recuperación y protección a sus culturas y formas de vida”.
Para el Ministerio Público este incendio representa no sólo la pérdida de estas invaluables construcciones ceremoniales, sino también “la destrucción de siglos de memoria y de sagradas dimensiones de sabiduría”.
No es la primera vez que el pueblo Kankuamo ve destruidas sus kankurwas, por lo que la Procuraduría pide celeridad en los resultados de las investigaciones, tanto de la Fiscalía General como de las autoridades propias de los pueblos indígenas. El pasado 10 de enero de 2015 en Chemesquemena y el 14 de febrero de 2016 el pueblo Kankuamo fue víctima de situaciones similares, que en otras culturas equivale al incendio de una catedral o de una mezquita.

Policía incauta 210 kilos de dragas pertenecientes a los Pachenca.
En cumplimiento de la “Operación Poseidón Fase V”; uniformados de la policía logran ubicar una caleta enterrada con estupefacientes, en hechos ocurridos en el sector de Rio claro zona rural del municipio de Dibulla.
La acción de la policía se lleva a cabo en todo el departamento procura contrarrestar el tráfico de alucinógenos, permitió ubicar en un sector enmontado lo que sería un sitio para la elaboración de alcaloides; en el lugar enmontado los uniformados encontraron 14 canecas plásticas que contenían en su interior 210 kilogramos de base de cocaína y 56 litros de alcaloide.
Según el informe oficial del comando de la policía, los insumos incautados iban a ser procesado para su dosificación, distribución y comercialización en los principales municipios del Departamento.
La policía atribuye la propiedad de la droga a la organización de los Pancheca, quienes dejan de percibir unos novecientos millones de pesos, afirmo el alto oficial en un boletín de la institución.

Gobernación de La Guajira anuncia interés en recuperar  la plata del Dengue.
Ahora el departamento inicio un proceso que busca recuperan unos cuatro mil trecientos millones de pesos del leonino convenio con la ONG Olfis de Bucaramanga, contrato que tiene enredado a varios funcionarios de la administración del exgobernador José María Ballesteros Valdivieso.
Gregorio Gutiérrez  Torres, dijo en su calidad de jefe de la oficina jurídica del departamento, trabaja una estrategia que le permita a la administración departamental la recuperación de los dineros girados hasta el momento al controvertido contrato que está en la mira de la fiscalía general de la nación.
Es de anotar que el departamento cuento con el apoyo del gobierno nacional que atreves del organismo de la defensa jurídica del estado, viene asesorando a la gobernación en los procesos judiciales que cursan en  los juzgados civiles de Riohacha.

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