En La Guajira. ¡La minería extiende el desierto!

Por: Imelda Daza


El agotamiento de los recursos naturales a escala planetaria ha provocado un auge inusitado de la minería metalífera, y América Latina es ahora la gran proveedora de materias primas, de escaso valor agregado y de muy bajo costo para el mundo desarrollado. Algunos hablan de la reprimarización de la economía, pero el proceso podría denominarse más bien de recolonización si se analiza la enorme conflictividad ligada a las explotaciones mineras En toda América Latina abundan las protestas y el rechazo a esta minería a gran escala, desarrollada por transnacionales mineras, de funestas consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas para las regiones donde operan. Por eso generan resistencia, porque no adelantan una explotación racional, y las escasas regalías benefician muy poco a los legítimos dueños de los recursos. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, actualmente hay 120 conflictos que afectan a más de 150 comunidades en el subcontinente. Sea en México, Perú o Chile, los problemas son los mismos; comunidades desalojadas arbitrariamente de tierras que han habitado desde siempre, altísimos niveles de contaminación ambiental, agotamiento de recursos vitales como el agua y la tierra, y escasa generación de empleo. Es una minería que representa un modelo de mal desarrollo, que genera conflictos, atropella y desestabiliza a las comunidades, las empobrece y las enferma, por lo que es depredadora. Algunos gobiernos latinoamericanos esgrimen la generación de empleo como el gran aporte. No es cierto. La minería a gran escala es una actividad de uso intensivo de bienes de capital y escasa mano de obra. En la fase inicial requiere de muchos trabajadores, pero en las fases posteriores se reduce la demanda laboral. Todo esto ocurre en La Guajira, una región privilegiada por la naturaleza, con unas enormes reservas de carbón que, sin embargo, tras décadas de explotación de una de las minas de carbón más grandes del mundo, muestra un paisaje socioeconómico desalentador y desolador. Muchos pobladores indígenas y otros nativos de la región han sido desplazados a la fuerza por la constante expansión de la mina El Cerrejón. Se ha roto el tejido social y cultural de muchas poblaciones. A los wayuus de Media Luna les fue usurpado parte de su territorio ancestral, incluido el cementerio, para construir el puerto de embarque del carbón. En 1991 fueron desalojados Caracolí y Espinal, habitados también por wayuus. Le siguió en 2001 el corregimiento de Tabaco, de donde Intercor, con la complicidad de las autoridades civiles y militares, expulsó a sus habitantes; algunos vendieron sus predios bajo presión, otros no vendieron pero también fueron expulsados. La acción fue brutal y hubo presiones de todo tipo, les suspendieron los servicios públicos, destruyeron la iglesia, quemaron el cementerio y algunas casas. Fueron tantas las arbitrariedades contra la población, que hubo lugar a un proceso judicial, y la Corte Suprema de Justicia le ordenó al alcalde de Hatonuevo reconstruir Tabaco. Pero no paran ahí los abusos. La locomotora minera, manejada por la multinacional brasilera MPX, pretende intervenir y desviar el curso del río Ranchería, que es el freno del desierto guajiro, fuente de agua y de vida para miles de habitantes. En el lecho del afluente hay unas reservas calculadas de 500 millones de toneladas de carbón. El rechazo de la ciudadanía permite abrigar la esperanza de que este abuso sea frenado. Ahora la misma empresa pretende desplazar a los habitantes de Cañaverales, donde hay una importante fuente de agua, un manantial proveedor de vida e indispensable para la subsistencia. La MPX se vale de licencias aprobadas por Minambiente y tramitadas ahora por quienes en el gobierno anterior eran los encargados de otorgarlas. A este ritmo en pocos años La Guajira será un territorio inhabitable. Es inaceptable que la voracidad minera nos expulse de nuestro territorio. El desierto avanza: ¡alerta guajiros!

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