Investigados 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes: Por irregularidades en el PAE, avanzan 154 procesos de responsabilidad fiscal por $84 mil millones


El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aprovechó hoy el acto de rendición de cuentas de su cuarto y último año de gestión para revelar que 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes, y 45 exalcaldes están siendo investigados, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 154 procesos de responsabilidad fiscal en curso que suman una cuantía de cerca de $84.000 millones de pesos.

En 17 procesos (en 11 departamentos) ya fueron imputados cargos, por más de $7 mil millones de pesos.

Y en los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar, ya se han emitido fallos con responsabilidad fiscal, en primera instancia, que totalizan $2.940 millones.

Se destacan igualmente 3 fallos de impacto nacional por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, cuya cuantía suma más de $2.797 millones.

Dentro de los 154 procesos abiertos se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables, los siguientes exgobernadores:

*Arauca: José Facundo Castillo Cisneros (se le siguen 3 procesos por más de $6.367 millones, de los cuales en uno ya fue imputado por más de $1.186 millones.

*Cesar, Luis Alberto Monsalvo (se le imputaron cargos de responsabilidad fiscal por $630 millones).

 *La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso (se le llevan 2 procesos por más de $16.339 millones, ambos declarados de impacto nacional).

*Santander: Richard Alfonso Aguilar Villa (se le lleva un proceso por la suma de $3.923 millones).

*Sucre: Jorge Carlos Barraza Farak (un proceso por $31 millones).

*Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez.

*Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis.

Resultados de otros casos emblemáticos, en tiempo récord

Aparte del PAE, la administración del Contralor Edgardo Maya Villazón deja imputados otros casos emblemáticos de su gestión, como son Reficar, el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre y el caso de los Juegos Nacionales en Ibagué:

*En el caso de Reficar se imputó responsabilidad fiscal por la pérdida de más de 2.400 millones de dólares, equivalentes a más de 5 billones de pesos. Se trata del caso con un mayor detrimento patrimonial al Estado colombiano en toda su historia, 4 veces mayor que el fallo de Saludcoop de 2013.

La apertura del proceso fue el 10 de marzo de 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó decisión en un proceso tan complejo y de la magnitud.

*En los casos del Cartel de la Hemofilia, se están adelantando 5 Procesos de Responsabilidad Fiscal en 3 departamentos: Córdoba, Bolívar y Caquetá.

El posible despilfarro de recursos es de $85.000 millones, de los cuales ya la Contraloría ha imputado por $76.000 millones. Están involucrados 6 exgobernadores y 10 exsecretarios de Salud Departamentales.

*En el caso del Cartel de las Enfermedades Mentales, en Sucre, la Contraloría adelanta 13 procesos de responsabilidad fiscal por $9.600 millones de pesos, en los cuales encuentran comprometidos un exgobernador, dos exsecretarios de salud, así como 9 Clínicas y Centros de Rehabilitación en Salud Mental. La Contraloría ya imputó responsabilidad por la suma de $2.600 millones.

*El caso de los Juegos Nacionales de Tolima, es otro que va muy adelantado. Se abrieron 13 Procesos de Responsabilidad Fiscal, por más de $40.000 millones, y ya se han fallado 2 de ellos (por $15.00 millones) por parte de la Gerencia de la CGR en este departamento.

Están vinculadas 56 personas, incluido el entonces alcalde municipal, y se han decretado y practicado medidas cautelares efectivas sobre bienes inmuebles y activos bancarios en cuantía superior a $112 mil millones.

Otras batallas ganadas

“Desde la Contraloría General, los cerca de 4.200 funcionarios, hemos luchado contra la corrupción durante estos últimos cuatro años y hemos ganado importantes batallas”, destacó enseguida el Contralor General, mencionando los casos anteriores y los siguientes:

*La CGR descubrió cómo Electricaribe decidió embolsillarse gota a gota los subsidios que, para hacerles más llevadero el pago de la luz, el Estado les da a los 600.000 hogares más pobres de la Costa. Y gracias a modernos sistemas de inteligencia de dato, un equipo especializado de auditores pudo revisar en tiempo récord 19 millones de facturas de pago de servicios públicos y encontrar irregularidades en 16 millones de ellas.

*Las auditorías de la Contraloría dejaron en evidencia que los elefantes blancos siguen hoy existiendo (son más de $800 mil millones de pesos en posibles detrimentos patrimoniales en regalías),

*Las regalías se han dispersado o atomizado en miles de pequeñas obras con lo cual se perdió la oportunidad de construir los grandes proyectos estratégicos y los saldos sin ejecutar alcanzaban hasta $13 billones al cierre del 2017. La plata en los bancos y el país lleno de necesidades, ni más ni menos, anotó el Contralor.

*Otros “Casos Emblemáticos” recientes son el Proyecto de la Represa Río Ranchería, en La Guajira, cuyo costo aumentó en casi medio billón de pesos. Y las Corporaciones Autónomas Regionales, en donde se encontró que 6 de ellas están desviando los recursos que reciben de Transferencias provenientes del sector eléctrico.

*Están también las irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS, que destinaban recursos públicos para gastos de administración más allá de los límites permitidos por la ley.  Saludcoop superó el límite en $80.600 millones de pesos. Cafesalud compró muebles, computadores, aires acondicionados, videobeams, neveras, taladros y otros enseres de los recursos de la salud, por más de 2 mil millones. Y Medimás dio bonificaciones a empleados, con recursos públicos.

*La Contraloría encontró también un Crédito del Banco Agrario a Navelena que terminó en la identificación de un posible detrimento patrimonial de $135 mil millones.

*Así mismo, la compra de cartera de libranza a Estraval que generó un hallazgo fiscal por más de 19 mil millones de pesos. 

En el contrato de compraventa entre Estraval y el Banco, la entidad financiera del Estado compró créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, que sumaban $24.126 millones distribuidos en 5.359 libranzas y le delegó a Estraval funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.

Cuando la firma de libranzas cayó en liquidación, el Banco Agrario solicitó declararse como acreedor y subsidiariamente como afectado para intentar recuperar los $19.666 millones que Estraval le debe.

*En el Fondo Nacional de Ganado, se determinó que no tenía una política de inversiones a largo plazo, ni manuales para disponer el análisis de riesgo. Tampoco se evidenciaron mecanismos de control del área financiera para mitigar el riesgo sobre las inversiones a corto plazo. Esto reflejó riesgos en la empresa FRIOGAN, que es una de las más importantes inversiones del fondo.

Se advirtió el uso indebido de los excedentes del Fondo Nacional del Ganado, el irregular otorgamiento de avales y garantías para respaldar deudas de terceros ajenos al Fondo y finalmente se llamó la atención sobre el inminente ingreso de la empresa FRIOGAN por incumplimiento a sus acreedores. 

El riesgo alertado se materializó y llevó a que el Fondo perdiera participación en la empresa FRIOGAN, pasando de un 78% a un porcentaje cercano al 22%.

*La CGR encontró que en el Consejo Superior de la Judicatura  se ha pagado en los últimos 5 años un mayor valor de $2.813 millones de pesos en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, se han realizado adiciones de cesantías de $4.406 millones, situación que muestra grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal.

Igualmente, frente a los recursos de inversión, en el primer semestre de 2018, se determinaron hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de $16.585.2 millones.

*En la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas se verificó una gestión ineficaz que se refleja en sus Estados Contables, en activos corrientes. Tiene una cartera incobrable que asciende actualmente a $4.4 billones e inventarios de bienes entregados por los victimarios valorados en $145.000 millones con extinción de dominio, que no han sido monetizados desde su creación.

Resultados del proceso auditor

*Durante estos cuatro años, la Contraloría General ejecutó 2.060 auditorías, a un promedio anual de 225 sujetos de control del orden nacional, que concentran el 95% de los activos de la Nación, y a un promedio anual de 210 entes territoriales.

*En el período de septiembre de 2014 a agosto de 2018 se auditaron $2.281 billones, logrando en promedio una cobertura anual del 78,1% del total de los recursos públicos.

*En total, la CGR estableció 36.035 hallazgos administrativos, 13.811 con incidencia disciplinaria, 715 con incidencia penal y 4.311 con incidencia fiscal en cuantía de $14.2 billones.

*Respecto a los beneficios del ejercicio del control fiscal, en el cuatrienio se obtuvieron $1,06 billones y durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, se alcanzó la cifra de $84.689 millones como producto del proceso auditor.

*Respecto a los procesos auditores del primer semestre de 2018, se han encontrado 3.360 hallazgos con incidencia administrativa, dentro de los cuales 1.364 presentan connotación Disciplinaria, 78 incidencia Penal y 422 incidencia Fiscal en cuantía de $1,36 billones.
  
Balance de Investigaciones y Juicios Fiscales

*En total, durante el cuatrienio, la Contraloría General de la República inició 4.250 procesos de Responsabilidad Fiscal, por una cuantía de $ 21,6 billones.

*Se formularon autos de imputación de responsabilidad fiscal por $7,68 billones, en 1.671 procesos, incluidas las imputaciones formuladas en los autos de apertura de los procesos de responsabilidad verbal.

*Y la Contraloría General emitió 758 Fallos Con Responsabilidad Fiscal (ejecutoriados) por valor de $629.890 millones.

*Durante el cuatrienio la Contraloría General de la República obtuvo un resarcimiento total del patrimonio del Estado, en responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, por $744.337 Millones.

Medidas drásticas contra la corrupción

“¿Qué puede haber más grave que robarse la plata destinada a darles alimento a ocho millones de niños pobres?”, se preguntó el Contralor Edgardo Maya Villazón al inicio del acto de Rendición de Cuentas de sus cuatro años de gestión al frente de la Contraloría General de la República.

¿De qué material ético y moral están hechos los ‘dirigentes’ que mueven los hilos de esa empresa criminal tan cruel? ¿Será que podemos albergar alguna esperanza de que esto no siga ocurriendo?, añadió.

“Pero no es solo la plata de la alimentación de los niños. Se están robando todo. Se están robando los recursos de la salud de los más pobres, se están robando los dineros de los tratamientos para los enfermos mentales y también la de los niños con Síndrome de Down. Se están robando los subsidios de los que no tienen con que pagar la luz y se roban el presupuesto con el que se iban a construir acueductos para decenas de miles de colombianos que esperan hace décadas que les llegue una gota de agua apta para beber”, sostuvo enseguida.

Según Maya Villazón, así como la guerra interna nos tuvo en algún momento al borde de ser un Estado fallido, la corrupción ahora está carcomiendo las columnas sobre las que se sostiene nuestro Estado de Derecho.

“Estamos viviendo uno de esos momentos de la historia del país en el que tenemos que tomar medidas drásticas para acabar con la corrupción”, enfatizó.

Atajar a los corruptos entre todos

La conclusión del Contralor Edgardo Maya Villazón al rendir el balance de sus 4 años de gestión es que nada es más importante ahora para Colombia que atajar la corrupción:

“Necesitamos una revolución, sobre todo cultural, que nos enseñe de nuevo, desde el principio el manejo estricto de los recursos públicos. Necesitamos cambiar el chip de las nuevas generaciones, introducir en el ADN de los nuevos colombianos el respeto absoluto por los recursos públicos”.

“Al país le tomó cerca de 20 años montar y desarrollar una estrategia para acabar con el conflicto de más de medio siglo. Primero se hizo un Plan Colombia contra el narcotráfico, luego se hizo un Plan Patriota para acorralar la guerrilla, y luego apostamos todo por un Acuerdo de Paz. Ahora necesitamos que se vuelque la sociedad toda y el gobierno en un solo proyecto de país contra la corrupción”.

“Si nosotros no destruimos la corrupción, la corrupción destruye este Estado de Derecho por el cual hemos luchado ya casi 200 años”, concluyó.

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