La red de la rama judicial

Desde el pasado fin de semana diferentes medios de comunicación de talla nacional como el diario el espectador, la revista semana y el tiempo, entre otros, vienen haciendo referencia a una red conformada por personal de la sección quinta del consejo de estado y algunos particulares que, al parecer, se dedican a negociar fallos judiciales en procesos electorales con políticos interesados de todos el país.
Entre los casos mencionados repetitivamente por esos medios de comunicación se encuentra el caso de la gobernación de La Guajira, en el que, según algunas grabaciones de llamadas interceptadas, se contó con la colaboración de esa red de corrupción para obtener una sentencia favorable al gobernador.
La procuraduría y la fiscalía ya iniciaron investigaciones al respecto y ya se produjo la primera captura de un funcionario. Se trata del oficial mayor y auxiliar judicial en la secretaría de la sección quinta, Carlos Arturo Fernández Trujillo, de quien la procuraduría cree que se trata del cerebro de una compleja estructura delincuencial dedicada a manipular procesos y arreglar fallos entre los particulares y el estado. Todo parece indicar que esto es apenas el comienzo porque ya tienen a cinco servidores mas del consejo de estado en la mira.
Según la procuraduría, los términos de las conversaciones interceptadas son tan graves que dan para abrir procesos por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho propio e impropio, tráfico de influencias de servidor público, abuso de autoridad por omisión de denuncia, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento ilegal, intervención indebida en política, omisión de denuncia, encubrimiento y prevaricato. esto, aparte de las incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial.

De acuerdo a los medios mencionados, la red estaba tan bien desplegada que las comunicaciones interceptadas sugieren que, además del caso de la gobernación de la guajira, se dieron arreglos ilegales en el consejo de estado para resolver procesos electorales en Arauca, Córdoba y Bolívar.

El escándalo apenas comienza y muchos interrogantes surgen en el horizonte.

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